El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha decidido admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca. Esta acción se dirige contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) y, como resultado, se ha suspendido provisionalmente su aplicación.
El documento emitido por el TCP también indica que se debe informar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, sobre esta decisión. A partir de la notificación, se le otorgan 15 días para presentar sus alegatos.
Gonzalo Hurtado, quien leyó la resolución, explicó: «Primero, admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Miguel Antonio Roca Sánchez, diputado titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dos, poner la presentación de control normativo al conocimiento de David Choquehuanca, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como personero del órgano que generó la norma alegada».
Reacciones del diputado Roca
El parlamentario Miguel Roca manifestó su satisfacción por la medida cautelar que suspende de inmediato la disposición adicional séptima. Esta suspensión prohíbe a cualquier entidad del Estado trabajar en la reglamentación de esta norma.
Roca también mencionó que esta preocupación es solo una de las muchas que tiene el sector empresarial. Aún existen más demandas que están relacionadas con el abastecimiento de combustible, el cual no ha sido regulado adecuadamente.
Declaraciones del viceministro Silva
Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos de Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que aún no han recibido notificación del TCP. Sin embargo, aseguró que deberán acatar la decisión del Órgano Judicial respecto a la disposición adicional séptima.
Silva calificó como política la marcha que el sector gremial ha anunciado para esta semana. Además, sugirió que los sectores deberían considerar otro tipo de movilizaciones que no obstaculicen la economía del país, ya que las medidas actuales no resuelven los problemas del país.
Acciones contra la especulación
La autoridad también anunció que se llevarán a cabo denuncias contra las personas que especulen con los precios de productos como el arroz y el aceite. Silva exhortó a la Fiscalía a acelerar el proceso contra comerciantes que ya han sido identificados.
La disposición adicional séptima tenía como objetivo establecer un control sobre los precios de la canasta familiar. Además, facultaba a las autoridades correspondientes para confiscar productos que consideren que están siendo objeto de especulación de precios.
Detalles de la disposición
El texto de la disposición menciona: «Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».
Además, se establece que «todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad».
