Contaminación Medio Ambiente Minería Panamá

Oposición a proyectos mineros crece en Centroamérica

Fotografía del 28 de febrero de 2025 del río San Sebastián contaminado a causa de la explotación minera, en Santa Rosa de Lima (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
Ambientalistas y comunidades indígenas alzan su voz contra las licencias mineras activas mientras países como Guatemala actualizan sus normativas ambientales.

El Gobierno de Panamá y la empresa canadiense First Quantum Minerals comenzarán a dialogar sobre el futuro de la mina de Cobre Panamá. Esto ocurre tras un fallo judicial en noviembre de 2023 que inhabilitó el proyecto, el cual representa una inversión de 10,000 millones de dólares y tiene un impacto considerable en la economía del país.

El cierre de la mina ha desestabilizado una economía que ya enfrentaba dificultades y ha llevado al país a la posibilidad de enfrentar demandas millonarias. Ambientalistas, sindicatos de izquierda y parte de la población han manifestado su preocupación por los daños ambientales que no pueden ser justificados por ninguna cifra económica. También se han reportado violaciones a las leyes, incluida una moratoria indefinida que está vigente desde 2023.

Impacto en el PIB

La mina de cobre representaba aproximadamente el 5 % del producto interno bruto (PIB) del país. En Guatemala, hay más de 20 licencias activas para la extracción de metales como níquel, cobre, plata y petróleo. Estas licencias forman parte de un total de 345 licencias mineras activas en el país. La oposición de las comunidades indígenas a proyectos mineros que se instalan sin consulta previa es común, como sucede con la mina El Escobal, cuya actividad está suspendida debido a un litigio.

Río San Sebastián contaminado a causa de la explotación minera, en Santa Rosa de Lima (El Salvador) / EFE

Actualización de estándares mineros

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León ha comenzado un nuevo proceso para actualizar los estándares de las empresas mineras que operan en Guatemala. Este proceso busca determinar la cancelación de licencias que no cumplan con los requisitos en materia de derechos humanos y protección ambiental.

Situación en Nicaragua

En Nicaragua, el oro es el principal producto de exportación, con la empresa canadiense Calibre Mining liderando el sector. Hasta agosto de 2024, se habían otorgado 248 concesiones mineras en el país. En los últimos dos años, se han concedido 17 concesiones mineras a empresas chinas en áreas habitadas principalmente por comunidades indígenas.

Controversias en Honduras

En Honduras, la extracción a cielo abierto ha surgido gracias a concesiones otorgadas por varios gobiernos. Esto ha generado divisiones entre quienes apoyan y quienes se oponen a estos proyectos debido al daño ambiental que causan. La violencia también ha afectado algunos proyectos, como el caso de Minera Los Pinares, que detuvo su actividad tras el asesinato del concejal Juan López.

A pesar de que el Gobierno declaró al país libre de la actividad minera a cielo abierto en febrero de 2022, esta sigue ocurriendo.

Ambientalistas, sindicatos de izquierda y parte de la población han manifestado su preocupación por los daños ambientales / EFE

Prohibición en El Salvador

El Salvador ha mantenido una prohibición sobre la minería metálica desde 2017, pero esta fue revertida en diciembre pasado por una iniciativa legislativa del presidente Nayib Bukele. Se estima que la explotación minera podría afectar a alrededor de 4 millones de personas en El Salvador. Además, se considera que estas actividades amenazan directamente la cuenca del Río Lempa.

Moratoria en Costa Rica

En Costa Rica, desde 2010 rige una moratoria indefinida sobre la minería metálica a cielo abierto. Sin embargo, el Gobierno ha presentado un proyecto para reactivar la exploración y explotación en Las Crucitas. Esta iniciativa propone modificaciones sobre las ganancias estatales y elimina el uso de elementos peligrosos como el mercurio.

Minería en República Dominicana

En República Dominicana, la minería representa el 18 % de las exportaciones del país. Se estima que las reservas de tierras raras alcanzan aproximadamente 100 millones de toneladas. En este contexto, una subsidiaria canadiense opera una gran mina de oro llamada Pueblo Viejo. Comunidades locales han solicitado el cese de operaciones debido a preocupaciones ambientales relacionadas con la construcción de una presa y la reubicación de residentes.


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