Bolivia: Crisis Energética por Décadas de Negligencia

Bolivia, un país tradicionalmente considerado un «gigante energético» en la región, atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente: la escasez de combustibles. Este fenómeno no es una mera contingencia externa, sino el resultado de décadas de negligencia, decisiones erráticas y falta de previsión en la gestión de los recursos energéticos. La crisis no solo afecta al sector energético, sino que tiene repercusiones profundas en el desarrollo social y económico del país, incrementando tensiones sociales y debilitando las bases de su economía. A lo largo de los años, Bolivia ha sido rica en recursos naturales, particularmente en hidrocarburos. En la década de 2000, el país vivió una bonanza económica gracias a la exportación de gas natural, un recurso que parecía inagotable. Sin embargo, en lugar de aprovechar este impulso para diversificar su economía y fortalecer la infraestructura energética, el país se inclinó hacia un modelo extractivista y dependiente del gas. Esta dependencia fue afianzada por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que, bajo la administración de Evo Morales, nacionalizó los hidrocarburos en 2006. Aunque la medida buscaba un mayor control sobre los recursos naturales, dejó de lado la inversión en exploración y modernización de infraestructuras, generando un estancamiento en el sector. Durante más de una década, expertos y organismos como la Fundación Milenio alertaron sobre los riesgos de la falta de inversiones en el sector de hidrocarburos. La producción de gas comenzó a disminuir, pero las autoridades no tomaron medidas necesarias para remediarlo. La ausencia de políticas claras que incentivaran la inversión privada en exploración y explotación, junto con la ineficiencia en la gestión pública, han llevado a la actual crisis. A pesar de su riqueza subterránea, Bolivia no logra garantizar una oferta de gas suficiente para satisfacer la demanda interna, lo que ha derivado en cortes y racionamientos que afectan tanto a la industria como a los hogares. La administración de Luis Arce, que llegó al poder en 2020, heredó este grave panorama y, en lugar de implementar soluciones estructurales, ha recurrido a medidas coyunturales como el aumento de la deuda externa y la aprobación de créditos internacionales. Estas soluciones solo postergan el problema, como si fuera un «bicicleteo» financiero sin abordar las raíces de la crisis. La negativa a reconocer la magnitud del problema, sumada a la inacción frente a los desafíos de la transición energética, ha dejado al país al borde del colapso. Las autoridades continúan con una política de subvenciones que beneficia no solo a las familias más necesitadas, sino también a grandes empresas del sector agroindustrial y minero, quienes pagan precios más bajos que sus competidores regionales. Este modelo ha exacerbado la inequidad y promovido la sobreexplotación de los recursos sin generar retribuciones proporcionales al bienestar nacional. Para el colmo se hacen anuncios que no solucionan nada, como el anuncio realizado por el presidente YPFB de que no se tenía los dólares suficientes genero un estado de zozobra en todo el país, al día siguiente el presidente Arce lanza 10 medidas para reducir el consumo de carburantes, son aspirinas para un problema mayúsculo. Estos anuncios han creado una incertidumbre innecesaria en los agentes económicos que ya de por sí ya anda susceptibles, esto ha llevado una especulación con el dólar que llego hasta Bs. 12,5 por dólar el jueves 13 de marzo, retrocediendo a Bs. 11.80 el 15 de marzo. Asimismo, ciudadanos con pánico comenzaron a comprar grandes volúmenes de alimentos que pudo derivar en un proceso inflacionario mayor al ya existente. Para suerte de todo el país el pánico parece no haberse generalizadoEl uso de cisternas para transportar combustibles, a pesar de contar con infraestructura de tuberías, es otro ejemplo de ineficiencia que agrava la crisis. Las cisternas no solo son más costosas, sino que también permiten desvíos hacia países vecinos, lo que reduce aún más la disponibilidad de combustibles para el mercado interno. Además, la política de subvención, que beneficia a tres millones de vehículos, incluidas grandes empresas productoras y exportadoras de minerales y agroindustria, ha sido injusta y regresiva. Mientras estas empresas obtienen ganancias adicionales gracias a la subvención del diésel, acumulan dólares en bancos vecinos aprovechándose de un tipo de cambio desfavorable en los bancos nacionales. Para enfrentar esta crisis, es imperativo implementar medidas urgentes y estratégicas. Entre ellas, debe aprobarse de manera gradual y controlada la liberación de los créditos pendientes en el parlamento, bajo la supervisión de una comisión parlamentaria, garantizando que estos recursos se destinen exclusivamente a la subvención de carburantes en un último esfuerzo por aliviar la situación. Además, es esencial reestructurar la deuda externa, extendiendo los plazos de pago para permitir la acumulación de reservas internacionales suficientes en el corto plazo. Un ajuste progresivo de los precios de los hidrocarburos. Paralelamente, debe evaluarse la capitalización o privatización de YPFB, con el fin de mejorar su eficiencia operativa y reducir la burocracia que ralentiza la toma de decisiones clave en el sector energético.Finalmente, la opinión pública debe exigir a los candidatos presidenciales propuestas claras y realistas sobre la política energética del país. No basta con ideas vagas; los ciudadanos deben votar basándose en soluciones concretas, no en promesas populistas. El parlamento, por su parte, debe cumplir su rol de fiscalización y control, investigando cómo se han invertido o gastado los recursos nacionales en YPFB. Es imperativo que Bolivia adopte una visión renovada sobre la energía, diversificando su matriz hacia fuentes limpias y renovables. Solo así podrá garantizar una independencia energética real y un futuro próspero para las próximas generaciones. De lo contrario, la crisis energética no solo persistirá, sino que se profundizará, poniendo en peligro el bienestar de todos los bolivianos.