Ante la crisis económica y política que enfrenta Bolivia, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las autoridades para que implementen soluciones estructurales en lugar de optar por medidas temporales que no resuelven el problema de fondo.
En un pronunciamiento oficial, la institución expresó su preocupación por la escasez de gasolina, diésel y dólares, que ha tenido un impacto negativo en la economía de la población en los últimos meses. Esta situación ha afectado a diversos sectores sociales, productivos, agrícolas y empresariales. “Por lo tanto, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el país, la cual exige soluciones estructurales y no únicamente medidas paliativas”, señala el documento.
Consecuencias de la crisis
La Defensoría del Pueblo ha indicado que la crisis provocada por la falta de combustible ha generado graves consecuencias. Entre ellas, se encuentra el aumento del costo de la canasta familiar, la escasez de medicamentos, las dificultades en la asistencia escolar y los riesgos en el funcionamiento de ambulancias y maquinaria pesada. Ante esta situación, se ha solicitado garantizar certeza y estabilidad para la población, que cada vez se ve más afectada por estas dificultades.
Diálogo inclusivo y pacífico
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a explorar todas las vías posibles para establecer mesas de diálogo inclusivas con los sectores que han anunciado medidas de protesta. Es fundamental escuchar y atender sus demandas. Al mismo tiempo, se hizo un llamado a los manifestantes para que ejerzan su derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de los demás.
“Es fundamental subrayar que todos los órganos del Estado deben asumir con responsabilidad su rol constitucional, trabajando en beneficio de la población boliviana. Su accionar debe enfocarse en aportar soluciones que prevengan la polarización social y fortalezcan la institucionalidad del país, que actualmente se encuentra en una situación de fragilidad”, enfatizó.
Vigilancia activa y derechos humanos
La Defensoría del Pueblo aseguró que mantendrá una vigilancia activa sobre la evolución de la conflictividad en el país. Promoverá espacios de diálogo para atender las demandas de la población afectada. Además, anunció que se está desarrollando un plan de verificaciones para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos recientemente por el Gobierno, exigiendo su efectividad para proteger los derechos humanos de toda la población, sin excepción.
LDVY
