El Ministerio de Justicia ha logrado anular la sentencia de 6 años de prisión que se había impuesto a un adolescente de 17 años, quien es autor confeso de la violación e infanticidio de una bebé de un año y tres meses en Santa Cruz. Este caso ahora será revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para buscar una condena más severa.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huancani, informó que, tras la anulación del fallo, se llevará a cabo una nueva valoración de los elementos jurídicos presentados por el Ministerio de Justicia. Esto tiene como objetivo determinar una nueva sentencia en este caso tan delicado.
El crimen ocurrió el 3 de marzo de 2025 en la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz. En un primer momento, la madre de la menor, Gina O. Z., de 24 años, llevó a la niña sin vida a un centro médico, alegando que la había aplastado accidentalmente mientras le daba de lactar. Sin embargo, la autopsia reveló que la bebé había sido agredida sexualmente y murió a causa de múltiples golpes que le causaron fracturas en el cráneo y el tórax.
Detenciones y reacciones
El padrastro de la niña, Osman J. D. O., de 17 años, fue detenido y sentenciado a seis años de prisión por el crimen. Por su parte, la madre se encuentra en detención preventiva en la cárcel de Palmasola. La brutalidad de este caso ha generado una fuerte indignación y movilización por parte de la población.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia ha argumentado que es fundamental priorizar los derechos de la niña para que el responsable reciba la pena máxima posible. “No podemos seguir permitiendo este tipo de crímenes atroces contra la niñez. Una niña de un año y tres meses no podía hablar, ni siquiera gritar, y el padrastro de 17 años que, sin piedad, la viola y posteriormente la mata”, afirmó Huancani en una entrevista con Bolivia Tv.
Exigencia de justicia
La autoridad también destacó que la jueza debió considerar los estándares internacionales, que exigen a los Estados aplicar la normativa en favor de la niñez. Esto implica priorizar la protección de la niña, quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y no podía defenderse. “Estamos exigiendo, a través de estos fundamentos jurídicos, que se pueda dar una pena de acuerdo a la gravedad de los hechos. El Tribunal Constitucional también lo revisará”, concluyó Huancani.
La sentencia dictada en la Acción de Libertad será enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión.
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