El presidente del Concejo Municipal de Oruro (CMO), Samuel Mendizábal, ha aclarado que la Dirección de Asuntos Jurídicos está llevando a cabo el seguimiento necesario del «Caso Mochilas». Además, ha enfatizado que el Ente Legislativo sigue siendo un actor activo en este proceso.
Recientemente, el fiscal de materia y otras entidades solicitaron que se retire al CMO de su condición de parte víctima en el caso. Sin embargo, el Concejo ha decidido interponer una apelación para mantener su participación en el proceso judicial. Se han programado nuevas audiencias para los días 24 de abril, 7 de mayo y 15 de mayo de 2025.
Detalles de la audiencia
Marcelo Ariel Fuentes Soto, quien es el director de Asuntos Jurídicos del CMO, explicó que la audiencia relacionada con el «Caso Mochilas» coincidió con otra audiencia del «Caso Concejales». En esta última, se denunciaron a 10 ediles por haber ocupado cargos como alcaldes, concejales y presidentes salientes.
La representación jurídica del Concejo estuvo presente en esta audiencia, lo cual fue debidamente certificado por el Tribunal de Sentencia N° 2. Durante la audiencia del «Caso Mochilas», se solicitó el retiro del CMO como parte víctima y adherente a la acusación formal.
En respuesta a esta solicitud, el Concejo interpuso una apelación que fue aceptada, asegurando así su permanencia en el proceso. Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del CMO, se reafirmó el compromiso con la transparencia y la justicia en este caso.
Antecedentes del caso
La investigación penal relacionada con el «Caso Mochilas» se inició tras la entrega de más de 91,000 mochilas chinas a estudiantes durante la gestión de 2016. Estas mochilas debían ser confeccionadas en Oruro, pero se sospecha que fueron compradas directamente en el país asiático. Además, se presume que hubo un sobreprecio en la adquisición de estos productos.
El Ministerio Público ha acusado a 21 personas, que incluyen tanto exfuncionarios como actuales miembros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). El exalcalde Edgar Bazán es el principal sindicado y enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.
