La explotación de litio en Bolivia ha generado un gran debate, especialmente debido a los contratos firmados con empresas de Rusia y China. Esta situación ha suscitado preocupaciones entre ambientalistas y ciudadanos, quienes temen el impacto ambiental que podría resultar del uso excesivo de agua dulce y la ausencia de un plan adecuado para la gestión de residuos.
Líderes ciudadanos y organizaciones locales han manifestado su oposición a los proyectos firmados, argumentando que las comunidades cercanas serán las más perjudicadas. Según Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista, la falta de consulta a las comunidades y la escasa compensación económica para la región han generado una gran incertidumbre.
Pérez también advirtió que el consumo masivo de agua podría poner en riesgo la disponibilidad de este recurso vital en la zona. La preocupación por el agua es un tema central en este debate, ya que su uso excesivo podría tener consecuencias graves para la población local.
Expertos cuestionan los proyectos
Expertos en energía y medioambiente han puesto en duda la solidez de los proyectos de explotación de litio. Héctor Córdova, especialista en temas energéticos de la Fundación Jubileo, afirmó en una entrevista con EFE que la falta de estudios sobre el impacto ambiental puede acarrear consecuencias serias para las comunidades que habitan en las cercanías.
Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, también denunció que ninguno de los contratos firmados incluye estudios de impacto ambiental. Esta documentación es esencial en proyectos de gran envergadura, y su ausencia genera aún más preocupación entre los ciudadanos.
Acuerdos y contratos recientes
En 2023, el Gobierno de Bolivia firmó acuerdos para implementar tecnología de extracción directa con las empresas chinas CATL Brunp y Citic Guoan. Un año después, en 2024, se firmó un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para la construcción de plantas de carbonato de litio. La inversión de esta última supera los 970 millones de dólares.
Según Mondaca, aunque el Gobierno ha intentado minimizar la percepción del impacto ambiental presentando datos sobre el consumo por tonelada de litio, las cifras siguen siendo elevadas en comparación con proyectos similares en otros países. Esto ha llevado a un aumento de la desconfianza entre los ciudadanos.
Residuos y salmueras
Una de las principales preocupaciones es el destino de las salmueras residuales generadas tras el proceso de extracción. La tecnología utilizada permite recuperar un 80% del litio mediante un procesamiento acelerado de la salmuera, lo que genera grandes volúmenes de residuos cuya disposición aún no ha sido definida.
Mondaca advirtió que la reinyección de estas salmueras en zonas cercanas a los pozos podría afectar la materia prima y provocar hundimientos en el salar. Esta posibilidad añade una capa más de preocupación para las comunidades locales que dependen de estos recursos.
Posición del Gobierno
A pesar de las críticas y preocupaciones, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ha asegurado que la producción de carbonato de litio tendrá un impacto ambiental mínimo. Según el ministro, el proceso productivo empleará un sistema de reciclaje de agua, lo que permitirá su reutilización y reinyección tras completar el ciclo.
Mientras tanto, la Asamblea Legislativa está evaluando la aprobación de los contratos. En respuesta a los posibles efectos adversos de la explotación de litio, ciudadanos de Potosí y ambientalistas han declarado estado de emergencia. Según Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Bolivia posee la mayor reserva mundial de este recurso, con 23 millones de toneladas.
