La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, calificó este sábado 22 de febrero de 2025 como arbitraria la decisión del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de prohibir el ingreso de teléfonos celulares y cámaras de video a sus instalaciones. Consideró que la medida limita el acceso a la información y dificulta la denuncia de posibles irregularidades.
“Llama profundamente la atención que, en un contexto donde la institucionalidad está debilitada y la ciudadanía enfrenta serias dificultades para acceder a información confiable, Impuestos Nacionales haya optado por restringir el único instrumento con el que la población puede evidenciar abusos e irregularidades”, afirmó.
El SIN emitió una circular el 14 de febrero de 2025 en la que instruye el control del ingreso de dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y cámaras de video en sus oficinas. Es decir, toda persona particular o contribuyente deberá pasar por un punto de control para la revisión de sus objetos personales, como mochilas, bolsos, cajas, entre otros.
Justificación de la medida
La disposición, firmada por el presidente interino del SIN, Mario Cazón, establece que la restricción busca resguardar la información tributaria de los contribuyentes y garantizar la seguridad de los funcionarios.
En este contexto, Nogales cuestionó la medida y señaló que atenta contra los principios de transparencia y control ciudadano establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Cuestionamientos a la prohibición
La parlamentaria indicó que esta disposición se implementó después de que realizara una fiscalización en la institución, donde grabó la respuesta de los funcionarios ante denuncias de incumplimiento en el pago del reintegro del IVA (RE-IVA).
“Conforme a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Estado y sus instituciones tienen el deber de garantizar la transparencia en la gestión pública y fomentar mecanismos de control ciudadano para prevenir y denunciar actos irregulares. En este sentido, la prohibición del uso de celulares atenta directamente contra estos principios, obstaculizando el derecho de la población a documentar y denunciar posibles vulneraciones a sus derechos”, sostuvo.
Respuesta del SIN
Desde el SIN indicaron que la prohibición no es exclusiva de su institución y que otras entidades públicas y privadas aplican normas similares. Sin embargo, la legisladora insistió en que el acceso a la información es un derecho fundamental y pidió la eliminación de la restricción.
