En el corazón de Bolivia, un país con una rica historia de luchas sociales y políticas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se presenta como el guardián de la justicia y la democracia. Sin embargo, a medida que el país navega por las aguas turbulentas de la polarización y el conflicto, la línea entre la justicia y el poder se ha vuelto cada vez más difusa. Este trabajo periodístico explora cómo las decisiones del TCP han sido influenciadas por la política, examinando casos emblemáticos que reflejan la compleja intersección entre el derecho y el poder en Bolivia.
La historia reciente de Bolivia ha estado marcada por una serie de cambios políticos drásticos. Desde la llegada al poder de Evo Morales en 2006, el país ha experimentado un proceso de transformación que incluyó la reescritura de su Constitución en 2009, un hito que prometía una mayor inclusión y participación de diversos sectores. Esta nueva Constitución consagró principios de plurinacionalidad y derechos indígenas, estableciendo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como un actor crucial en la interpretación de la ley.
Sin embargo, la relación entre el TCP y el gobierno de Morales pronto se tornó en un asunto de debate. En 2016, un referéndum nacional que buscaba modificar la Constitución para permitir la reelección indefinida de Morales fue rechazado por el pueblo. A pesar de esta decisión, el TCP, en un fallo controvertido, declaró que la reelección indefinida era un derecho humano, lo que permitió que Morales se postulara nuevamente en las elecciones de 2019. Este fallo no solo levantó cuestionamientos sobre la independencia del TCP, sino que también encendió tensiones políticas que culminarían en una crisis social.
Capítulo 1: Los Casos Emblemáticos
Tal es el caso de Diego Pary, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló a su favor, permitiéndole postularse como candidato a senador por Potosí y ordenando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) indemnizarlo por daños y perjuicios tras haber sido declarado inelegible en 2020. En otro caso, el TCP desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por Martín, un agricultor de Potosí, quien defendía su derecho a una consulta adecuada sobre un proyecto minero que afecta su comunidad.
El Caso de Diego Pary
Después de cuatro años de realizarse las elecciones presidenciales, el TCP instruyó al TSE indemnizar los daños, perjuicios, gastos judiciales y otros costos por haberle negado ser candidato a senador. El 20 de febrero de 2020, el TSE inhabilitó la candidatura de Pary porque no cumplió con el requisito de residencia permanente. Tras esa determinación, en septiembre de ese año, Pary interpuso un amparo constitucional que fue rechazado por la Sala Constitucional Primera de La Paz.
La resolución fue remitida al TCP para su revisión, instancia que hizo conocer esa decisión después de cuatro años. En su fallo, el TCP revocó la Resolución 136/2020 del 22 de septiembre y concedió la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de las resoluciones jurisdiccionales dictadas por el TSE. Esto generó reacciones diversas en el ámbito político y electoral.
El Caso de Martín y la Consulta Indígena
Por otro lado, Martín es un agricultor que vive en una comunidad en Potosí. Su familia ha cultivado la tierra durante generaciones y se enfrenta a un proyecto minero que busca extraer minerales de una montaña sagrada para ellos. La empresa minera argumentaba que el proyecto traería desarrollo y empleo a la región; sin embargo, Martín y otros miembros estaban preocupados por las consecuencias ambientales y culturales del proyecto.
Según la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultadas sobre proyectos que afecten sus territorios. Sin embargo, Martín se dio cuenta de que la consulta realizada por la empresa había sido superficial y no cumplía con los requisitos legales.
Decidido a defender su tierra y sus derechos, Martín presentó una acción ante el TCP junto con otros líderes comunitarios. Durante el proceso judicial notaron presión política creciente sobre algunos magistrados del TCP. A pesar de presentar pruebas documentales sobre cómo se llevó a cabo el proceso de consulta, el TCP desestimó su acción argumentando que el desarrollo económico debía ser priorizado.
Con la sentencia del TCP, la empresa minera comenzó rápidamente las obras de explotación. Las máquinas llegaron a la montaña sagrada e invadieron el aire puro con ruido y polvo. La comunidad organizó protestas pacíficas; sin embargo, las autoridades locales respondieron con represión e impusieron restricciones a las reuniones comunitarias.
Martín se convirtió en blanco de ataques tanto verbales como físicos. A pesar del miedo, decidió organizar marchas pacíficas y buscar apoyo internacional para defender los derechos humanos. Con el apoyo de activistas logró llevar su caso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque esto atrajo más represalias del gobierno local.
La historia de Pary y Martín ilustra las tensiones entre los poderes del Estado en Bolivia y cómo las decisiones judiciales pueden impactar significativamente en los derechos políticos y territoriales.
Capítulo 2: La Crisis de 2019
Las elecciones de octubre de 2019, que dieron lugar a la reelección de Morales, fueron objeto de acusaciones de fraude y manipulaciones. La situación se tornó explosiva, con protestas masivas que exigían la renuncia del presidente. En medio de este caos, el papel del TCP fue puesto bajo el microscopio. Muchos bolivianos comenzaron a cuestionar si el tribunal había actuado como un brazo del poder ejecutivo o si verdaderamente había defendido la justicia.
La presión sobre Morales llevó a su renuncia en noviembre de 2019, pero el impacto en el TCP perduró. La percepción de que el tribunal había tomado decisiones influenciadas por el gobierno dejó una marca indeleble en su credibilidad. La nueva administración de Jeanine Áñez, que asumió el poder tras la crisis, también buscó influir en el TCP, generando una nueva serie de cuestionamientos.
Capítulo 3: La Polarización del TCP
Con el regreso del MAS al poder en 2020, la polarización en torno al TCP continuó. Las decisiones del tribunal, que comenzaron a abordar una serie de conflictos sociales y políticos, fueron interpretadas a menudo a través de un prisma de lealtades partidistas. Un ejemplo de esto fue el fallo de 2021 que restableció la candidatura de algunos políticos inhabilitados, lo que fue visto por muchos como un intento de restablecer el orden político del país.
Los críticos argumentan que el TCP se ha convertido en un campo de batalla político, donde las decisiones son influenciadas por las relaciones de poder y la presión de los actores políticos. Esto ha llevado a un descontento generalizado entre sectores de la población que ven la justicia como un bien capturado por intereses políticos.
La situación en Bolivia no es un caso aislado. En otros países de la región, como Nicaragua, el uso de sentencias para silenciar a opositores políticos y controlar la disidencia ha sido común. En Brasil, las decisiones del Supremo Tribunal Federal han sido cuestionadas por su influencia en la política electoral y su relación con el poder ejecutivo. En Venezuela también se han visto patrones similares de uso político del sistema judicial. El politólogo venezolano Luis Fernando Patiño afirma que «la instrumentalización de la justicia en América Latina ha sido una estrategia común de los gobiernos que buscan perpetuarse en el poder, debilitando así las bases del estado de derecho».
La manipulación del sistema judicial tiene un efecto corrosivo en la confianza del público. Según un estudio reciente de la Universidad Mayor de San Andrés, solo el 30% de los bolivianos confía en el TCP, lo que refleja un profundo escepticismo hacia las instituciones. La socióloga boliviana Mariana Gómez señala que «cuando la ciudadanía percibe que las sentencias son dictadas por intereses políticos, se deslegitima no solo a las instituciones judiciales, sino también a la democracia misma».
El impacto de esta desconfianza se extiende más allá del ámbito judicial. La falta de fe en el sistema puede llevar a una menor participación ciudadana, lo que a su vez alimenta un ciclo de desinterés y apoliticismo. La politización de la justicia puede resultar en un aumento de la polarización social, creando un ambiente propicio para la violencia y la inestabilidad
Un Caso Emblemático: La Ley 1386
Uno de los casos más controversiales que puso de manifiesto la influencia política en las decisiones del TCP fue la Ley 1386, que buscaba establecer un marco legal para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. La ley generó protestas masivas en 2021, con ciudadanos argumentando que su implementación podría llevar a abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
El TCP fue llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, y su decisión fue esperada con expectativa. Finalmente, el tribunal decidió mantener la ley, lo que desató una nueva ola de protestas, con críticos alegando que la decisión estaba influenciada por el ejecutivo, que buscaba controlar la narrativa de la lucha contra la corrupción.
Capítulo 4: Conclusiones Finales
La historia del TCP en Bolivia es una historia de poder, justicia y la lucha por la verdad en un país profundamente dividido. Mientras el tribunal navega por el complicado paisaje político, su capacidad para actuar de manera independiente se ha visto comprometida por la presión externa y la polarización interna. La pregunta que queda es: ¿puede el TCP recuperar su legitimidad y actuar como un verdadero guardián de la justicia en un contexto donde el poder político sigue siendo tan influyente?
La historia de Bolivia continúa desarrollándose, y con ella, la del TCP. A medida que el país enfrenta nuevos desafíos, la necesidad de un sistema judicial independiente y robusto se vuelve más urgente que nunca. En un entorno donde la justicia y el poder se entrelazan, la lucha por una verdadera democracia y el respeto a los derechos humanos sigue siendo una prioridad para todos los bolivianos. La esperanza radica en que, algún día, la justicia prevalezca sobre el poder.
