El asambleísta Edgar Alex Huanca Guánay, quien es vocal de la Comisión de Constitución, Desarrollo Legislativo, Sistema Electoral y Judicial de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO), ha denunciado la existencia de actos de corrupción dentro del Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). Según Huanca, estas irregularidades están causando un daño económico al Estado que supera el millón de bolivianos.
La denuncia se originó a partir de una queja recibida por la comisión, que hacía referencia a una supuesta manipulación de información por parte del Senarecom. Esta manipulación afecta la declaración de la calidad del mineral que se exporta. En respuesta, se solicitó un análisis de 10 volquetas que transportaban mineral de plata. Según el informe del laboratorio de Senarecom, este mineral se clasificaba como de baja ley, pero en realidad, era de alta ley.
Impacto económico significativo
Huanca explicó que esta manipulación de datos tiene un impacto económico considerable para el Estado, estimado en 1.000.000 de bolivianos. Detalló que si el mineral de estas 10 volquetas se declara para su exportación como mineral de baja ley, el Estado recibiría 336.221 bolivianos en regalías mineras. Sin embargo, si se exporta como mineral de alta ley, las regalías ascenderían a 1.426.141 bolivianos. Esto representa una merma del 76% en el pago de este tributo debido a la manipulación de la información.
Remisión de documentación
El asambleísta también indicó que toda la documentación relacionada con este caso, que probablemente no es el único, será enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Esto se hará para que, a través de la comisión correspondiente, se lleve a cabo la investigación y fiscalización necesarias.
Investigación sobre funcionarios involucrados
Finalmente, Huanca mencionó que la investigación determinará cuántos funcionarios están implicados en estos actos de corrupción, los cuales están causando un grave daño económico al país. La denuncia tiene como objetivo asegurar que se tomen las medidas adecuadas para abordar esta situación y proteger los recursos del Estado.
