La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Mónica Torres, inició el 14 de febrero una huelga de hambre como forma de protesta contra los contratos de extracción de litio que el Gobierno ha firmado con empresas extranjeras. Su demanda principal es que se discuta primero el tema de las regalías para Potosí.
Torres comenzó esta medida de presión el 13 de febrero. Criticó la prioridad que se dio a la aprobación de los contratos en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. Señaló que estos acuerdos se están imponiendo sin que se haya discutido previamente una normativa que garantice estabilidad y regalías para Potosí.
Detalles del contrato
El contrato que ha generado controversia fue firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, para la explotación de litio en el salar de Uyuni.
Este acuerdo ha suscitado un gran debate en la región, con sectores que critican la falta de transparencia y se preguntan si realmente beneficiará a Potosí. La socialización que se llevó a cabo en el Teatro IV Centenario de Potosí el 13 de febrero terminó en incidentes y reclamos, lo que obligó a su suspensión.
Rechazo de la población
Según la diputada, la población de Potosí ha mostrado su rechazo a estos contratos y ha acusado al Gobierno de intentar realizar socializaciones de manera sectorial para evitar un debate público amplio.
Torres subrayó que su decisión de llevar a cabo la huelga de hambre es una determinación personal y que no espera que otros legisladores se unan a su protesta. Aseguró que mantendrá esta medida «hasta las últimas consecuencias» como una muestra de su compromiso con la defensa de los intereses de su departamento.
Falta de diálogo
Hasta el momento, la diputada no ha recibido visitas ni acercamientos por parte de autoridades de la Cámara de Diputados o de la Comisión de Economía Plural, según lo que ha señalado.
El debate sobre los contratos de litio sigue generando tensión en el país. Mientras el Gobierno sostiene que estos acuerdos garantizan la soberanía y el control sobre los recursos naturales, diferentes sectores exigen mayor transparencia y condiciones más favorables para Potosí y Oruro antes de que se aprueben de manera definitiva.
