La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un nuevo proyecto de ley que prohíbe la candidatura electoral de aquellas personas que tengan una condena ratificada por la Justicia en segunda instancia por delitos relacionados con la corrupción. Esta decisión se tomó en una sesión celebrada el 12 de febrero de 2025.
La iniciativa, que fue impulsada por el Gobierno de Javier Milei, podría tener un impacto significativo en la carrera política de la expresidenta Cristina Fernández, quien fue condenada en noviembre de 2023.
Detalles de la votación
El proyecto fue aprobado con un total de 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. El oficialismo estaba confiado en obtener los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados, aunque se anticipa que la situación será más complicada en la Cámara Alta. En esta última, el peronismo cuenta con 34 de los 72 senadores, y se requiere una mayoría de 37 curules para que la reforma electoral pueda ser discutida.
Iniciativa de «ficha limpia»
La propuesta, conocida como la iniciativa de «ficha limpia», ya había sido presentada en noviembre por el partido Propuesta Republicana (Pro). Su objetivo es impedir que personas con condenas penales ratificadas en segunda instancia por delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la Administración pública puedan postularse a cargos públicos electivos.
Condiciones de inhabilitación
Según lo estipulado en el proyecto de ley, la inhabilitación temporal para ser candidato se mantendrá vigente hasta que un tribunal superior revoque la condena o hasta que se cumpla la pena impuesta por la Justicia. Si el Senado aprueba esta ley, Cristina Fernández no podría ser candidata en las elecciones legislativas programadas para octubre de este año.
Reacciones en la Cámara
Durante la sesión, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, acusó al oficialismo de llevar a cabo un “acto de proscripción política” contra Fernández. Esta exmandataria fue condenada el 13 de noviembre de 2023 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos debido a irregularidades en la obra pública. Sin embargo, el fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema.
Modificaciones al proyecto
El Gobierno logró que el proyecto fuera debatido tras realizar una modificación en una cláusula que originalmente establecía que la condena en segunda instancia debía haberse producido antes del año electoral. Esta cláusula fue reemplazada por otra que extiende la aplicabilidad de la ley a quienes sean condenados 180 días antes de las elecciones.
