El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, ha expresado su desacuerdo con el reciente acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno. Este acuerdo se refiere a la no aplicación temporal de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, que permite el decomiso de productos en situaciones de agio y especulación. Antelo ha solicitado la abrogación inmediata de esta norma tras una protesta nacional que tuvo lugar el 10 de febrero en contra de dicha disposición.
Antelo utilizó sus redes sociales para manifestar que “llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”.
El 11 de febrero, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno decidieron congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Financial, que se refiere a los decomisos de productos en caso de agio y especulación. En su publicación, Antelo enfatizó que “la cadena productiva está cansada de estar en ‘el banquillo de los acusados’, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en el país”.
Demandas de la cadena productiva
Antelo también afirmó que “no son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión al país”. La disposición séptima de la Ley Financial ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores económicos. Además, la reciente protesta nacional en contra de esta norma refleja la preocupación de muchos, quienes consideran que esta disposición otorga al Gobierno la autoridad para realizar decomisos.
Reacciones del comité multisectorial
Por otro lado, el Comité multisectorial decidió desconocer el acuerdo el mismo 11 de febrero. Esta decisión añade más tensión al debate sobre la disposición adicional séptima y su impacto en la economía del país.
