El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido firmar una orden ejecutiva que suspenderá la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta medida instruye a la fiscal general Pam Bondi para que detenga las acciones en curso y revise los casos relacionados con esta normativa. La intención detrás de esta decisión es evaluar la ley con el objetivo de alinearla mejor con los intereses económicos y de seguridad nacional del país.
La FCPA fue promulgada en 1977 con el propósito de combatir la corrupción en el comercio internacional. Esta ley prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros. En 1998, se realizaron enmiendas a la ley para incluir también a empresas extranjeras y a individuos que faciliten pagos ilícitos desde el territorio estadounidense. La normativa no solo abarca sobornos directos, sino también ofertas, planes o autorizaciones de pagos indebidos por parte de la dirección de una empresa.
Consecuencias de las infracciones
Las sanciones para aquellos que infrinjan la FCPA son severas. Pueden enfrentar penas de hasta 15 años de prisión y multas que alcanzan los 250.000 dólares, o el triple del valor del pago ilegal ofrecido. En el caso de las corporaciones, las multas pueden ser significativamente más altas. En 2024, se anunciaron 24 casos de presuntas violaciones de esta ley, mientras que en 2023 se registraron 17 casos.
Defensores y críticos de la ley
Los defensores de la FCPA argumentan que esta ley ha sido fundamental para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en los negocios internacionales. Además, la normativa ha servido como modelo para otras legislaciones anticorrupción en diferentes países, como la Ley Antisoborno del Reino Unido y las regulaciones de la OCDE.
Por otro lado, algunos sectores empresariales podrían recibir la medida con alivio, especialmente aquellas compañías que operan en mercados donde la corrupción es un problema habitual. Sin embargo, expertos advierten que una relajación en la aplicación de la FCPA podría generar riesgos reputacionales para las empresas estadounidenses y provocar represalias regulatorias en otros países.
Documentos informativos sobre la orden
Según un documento informativo sobre la orden ejecutiva, citado por Bloomberg, “las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la sobrerregulación de la FCPA, ya que se les prohíbe participar en prácticas comunes entre sus competidores internacionales, creando una desigualdad en el mercado”. Este documento también menciona que el propósito de la suspensión es “evaluar cómo optimizar la FCPA para garantizar que esté alineada con los intereses económicos y de seguridad nacional” de Estados Unidos.
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNBC que la intención es revisar la ley para hacerla más flexible en su aplicación.
