El Gobierno de Bolivia se alista para una reunión con empresarios y gremiales esta semana. El objetivo es discutir la disposición séptima de la Ley Financiera del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esto ocurre en medio de protestas a nivel nacional contra la normativa, que permite la confiscación de productos en caso de especulación.
Más de 35 organizaciones han manifestado su rechazo a esta medida. Argumentan que afecta la propiedad privada y genera inseguridad jurídica.
La disposición establece que, para garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales, las entidades competentes pueden activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos. Esto se aplicaría a los actores de comercialización que almacenen, retengan y/o intenten encarecer los precios.
Argumentos de los manifestantes
Los manifestantes sostienen que esta normativa representa una amenaza para la propiedad privada y la estabilidad laboral. Plantean cuatro argumentos en contra de la medida: en primer lugar, atenta contra la propiedad privada al permitir la confiscación sin un debido proceso legal.
En segundo lugar, genera inseguridad jurídica al crear incertidumbre entre productores y comerciantes. En tercer lugar, desincentiva la inversión al ahuyentar a inversionistas nacionales e internacionales. Por último, afecta el empleo al poner en riesgo miles de puestos laborales.
Posición del Gobierno
Luis Siles, viceministro de Políticas de Industrialización, indicó que «esta semana nos volveremos a reunir, pero esta vez con actores más representativos». Aseguró que «hay productos que son importados y algunos que son producidos en el país que están siendo inflacionarios». Destacó que «la norma pretende llegar para que no existan procesos de ocultamiento, agio o especulación».
Por su parte, Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, consideró las movilizaciones como “innecesarias” y “perjudiciales”. Afirmó que desde el Gobierno se ha garantizado que no se afectará la propiedad privada: “No se va a decomisar ningún camioncito, no vamos a entrar a ninguna tiendita”.
Paro multisectorial convocado
Ante las preocupaciones expresadas por diversos sectores, se ha convocado a un paro multisectorial movilizado para presionar a las autoridades. La Cámara de Senadores aprobó recientemente un proyecto de ley para derogar la disposición adicional séptima del PGE 2025.
Sin embargo, esta medida aún debe ser tratada por la Cámara de Diputados para su aprobación final. Se espera una respuesta oficial del Gobierno ante las demandas ciudadanas en los próximos días.
