Sectores sociales advirtieron este lunes 10 de febrero de 2025 que llevarán a cabo movilizaciones de gran magnitud si no se archivan los contratos firmados con empresas extranjeras para la explotación del litio en Bolivia. Denunciaron la falta de socialización de estos acuerdos y alertaron que el país podría enfrentar una crisis similar a la de 2003, cuando la población se levantó contra la exportación de gas.
Movilizaciones en contra de contratos
Desde la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), afirmaron que iniciarán una serie de movilizaciones en contra de los contratos de litio. En ese marco, aseguraron que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) desarrollará desde este lunes una marcha; el martes se sumarán juntas vecinales y el miércoles todas las instituciones se trasladarán a La Paz para manifestar su rechazo.
Compromiso de soberanía
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Elena Pachacute, afirmó que el contrato con la empresa china CBC Investment Limited compromete la soberanía de Bolivia sobre el litio, ya que el país deberá pagar un interés del 12% y asumir los costos operativos sin tener un control real sobre los recursos.
La legisladora señaló que este acuerdo fue aprobado de manera irregular en la Comisión de Economía Plural y que el gobierno de Luis Arce podría intentar ratificarlo en el plenario de la Cámara de Diputados en un momento de distracción nacional, como el carnaval.
Declaración de emergencia
Desde el Comité Cívico de El Alto se declararon en emergencia. El vocero de la entidad, Gregorio Gómez, declaró que la población no fue informada adecuadamente sobre estos contratos y denunció que se busca beneficiar a grupos privilegiados a costa de los recursos naturales del país.
Según Gómez, los diputados que aprobaron estos acuerdos traicionaron al pueblo y advirtió que las movilizaciones podrían escalar hasta provocar una crisis de gobernabilidad.
Comparaciones con el pasado
El vocero cívico comparó la situación actual con la de 2003, cuando las protestas contra la exportación de gas provocaron la renuncia y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. «Nuestros recursos no se tocan, no se venden y no se regalan», manifestó, anunciando que convocarán a sectores nacionales y regionales a sumarse a las protestas.
Controversia por contratos de litio
Los contratos de litio en Bolivia generaron fuerte controversia. En septiembre de 2024, el gobierno firmó un acuerdo con la empresa rusa Uranium One Group para la producción de 14,000 toneladas anuales de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, con una inversión de más de 970 millones de dólares.
En noviembre, se suscribió otro contrato con la china CBC Investment Limited para construir dos plantas con una capacidad combinada de 35,000 toneladas anuales y una inversión de 1,030 millones de dólares. Ambos acuerdos utilizan tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), un método que, según los críticos, podría tener un alto impacto ambiental debido a su gran consumo de agua.
Pachacute y los sectores movilizados demandan que estos contratos sean archivados y que se garantice un modelo de explotación del litio que beneficie directamente al país. La oposición sostiene que las condiciones actuales de estos acuerdos podrían generar pérdidas para Bolivia y que el Gobierno no brindó la información suficiente sobre su contenido.
