El expresidente del extinto Banco Fassil, Ricardo Mertens, falleció en la madrugada del 9 de febrero de 2025 tras haber sido hospitalizado debido a un paro cardíaco.
Mertens había sido trasladado desde la cárcel de Palmasola a la clínica Las Américas después de sufrir un episodio cardíaco. Se encontraba recluido en la cárcel de Palmasola, pero el 4 de febrero de 2025 fue internado de emergencia en un centro hospitalario por un problema de salud.
De acuerdo con informes oficiales, fue la noche del lunes 3 de febrero de 2025 cuando Mertens debió ser retirado de Palmasola debido a un problema cardíaco. Primero fue trasladado al hospital San Juan de Dios y luego a la clínica Las Américas.
Diagnóstico y cirugía
En la clínica se le diagnosticó la obstrucción de 2 arterias, lo que llevó a que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente. Según el abogado Mariano Medina, «la salud de su defendido era bastante delicada». Información extraoficial indica que finalmente perdió la vida en la clínica Las Américas.
Condiciones en el sistema penitenciario
La situación médica de Mertens ha generado preocupación sobre las condiciones de salud dentro del sistema penitenciario y el acceso a atención médica adecuada para los internos. Su fallecimiento podría tener repercusiones en el ámbito financiero y legal relacionado con el caso del Banco Fassil.
Detalles del informe médico
Según el informe médico, Mertens fue sometido a una cirugía del corazón, le aplicaron 2 cateterismos y se encontraba dializando por problemas en sus riñones.
Colapso del Banco Fassil
En marzo de 2023, el Banco Fassil ocupaba un lugar privilegiado en el top 5 de las entidades financieras más grandes de Bolivia. Sin embargo, la intranquilidad de los usuarios tras la aparición de fallas en su aplicación móvil y las quejas de los usuarios en redes sociales derivaron en el colapso de sus sucursales en distintos puntos del país.
Las filas comenzaron a crecer y los usuarios tenían un único propósito: retirar su dinero de las arcas de Fassil. Este fue el inicio del fin de la entidad financiera, que tuvo que ser intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), medida asumida tras la recepción de más de 50 denuncias de usuarios (personas naturales y jurídicas) que no podían hacer uso de sus recursos.
Intervención de la ASFI
Según la ASFI, la intervención fue una medida para proteger los ahorros de los usuarios, tras las denuncias por malas prácticas que se dieron en el interior de la extinta entidad. Además, tras la intervención en abril de 2023, trascendió que los activos ascendían a 3.867 millones de dólares y la cartera de depósitos alcanzaba los 2.700 millones de dólares.
En ese entonces, la ASFI argumentó que la entidad bancaria no tuvo suficiente capacidad de liquidez para atender los requerimientos de los ahorristas, lo que llevó a su intervención. Varios ejecutivos del extinto banco fueron procesados por este caso.
