Más de 100 instituciones, redes y colectivos han expresado su apoyo a un proyecto de ley que fue enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Bolivia. Esta propuesta busca modificar parcialmente la Ley 026, con el objetivo de establecer un debate electoral público y obligatorio entre los candidatos a la presidencia.
La iniciativa tiene como finalidad fomentar la reflexión entre los ciudadanos sobre las propuestas de los candidatos y fortalecer el ejercicio del voto informado, especialmente de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo en agosto de 2025.
Marco legal y derechos humanos
En un pronunciamiento público, los firmantes han destacado que esta medida se alinea con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema promueve la libre circulación de ideas, opiniones e información sobre los candidatos y sus capacidades durante el periodo electoral.
De esta manera, resaltaron que el debate obligatorio contribuiría a la consolidación de la democracia en el país, permitiendo a los ciudadanos evaluar las propuestas y posturas de quienes aspiran a la presidencia.
Transparencia en procesos electorales
Los colectivos que apoyan esta iniciativa han enfatizado que la sociedad civil organizada ha estado exigiendo mayor transparencia en los procesos electorales durante varios años. Esto incluye la promoción de espacios donde se pueda llevar a cabo una confrontación ideológica y la exposición de los planes de gobierno de los candidatos.
Según los grupos que respaldan la propuesta, esta normativa garantizaría que los electores tengan acceso a información relevante sobre las posturas de los candidatos en temas de interés nacional. Esto es especialmente importante en lo que respecta a los derechos humanos y sectores prioritarios.
Urgencia en la aprobación
El pronunciamiento también subraya la necesidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional trate el proyecto de ley con urgencia. Esto es crucial para que la norma pueda entrar en vigencia antes de las elecciones generales de agosto de 2025.
Los firmantes han advertido que, si no se aprueba, se perdería una oportunidad clave para fortalecer la cultura democrática en el país. Además, se defraudaría la expectativa ciudadana sobre el derecho a un voto informado.
Responsabilidad de los legisladores
Finalmente, los firmantes han hecho un llamado a los legisladores para que actúen con responsabilidad ante esta propuesta. Han destacado que el debate electoral obligatorio es una práctica ya consolidada en varios países de la región.
En este contexto, reiteraron que implementar esta medida en Bolivia representaría un avance significativo en la democracia, garantizando a la población el acceso a información esencial sobre quienes buscan la máxima representación del Estado.
