Los exministros del gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, han sido condenados por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Esta sentencia se debe a la importación irregular de gases lacrimógenos desde Ecuador, un hecho que ocurrió en noviembre de 2019. La información fue confirmada por el ministro Eduardo Del Castillo a través de sus redes sociales.
Detalles de la sentencia
La decisión fue tomada por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, que declaró a los exministros culpables del delito de incumplimiento de deberes. Según la resolución, deberán cumplir su condena en los penales de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.
En el caso relacionado con los gases lacrimógenos, Héctor Pérez Ortiz, un militar que era asistente del exministro de Defensa, recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión en la cárcel de San Pedro. Por otro lado, el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, también estaba bajo proceso; sin embargo, la autoridad judicial decidió absolverlo, ya que las pruebas presentadas “no han aportado lo suficiente” para dictar una sentencia en su contra.
Información sobre los condenados
El comunicado oficial indica que las siguientes personas fueron sentenciadas por delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios, entre otros, en el caso conocido como “Gases”: Arturo Murillo Prijic (cinco años y cuatro meses), Luis Fernando López Julio (cinco años y cuatro meses), Roxana Lizárraga (cinco años y cuatro meses) y Héctor Pérez Ortiz (tres años y cuatro meses).
Contexto del caso
La investigación reveló que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que incluyó a Murillo, López, Lizárraga y otros, se estableció contacto con la Policía de Ecuador. En esta reunión, se acordó la entrega de armamento no letal a Bolivia en calidad de préstamo. Solo tres días después, se produjeron trágicos eventos en Senkata, El Alto, que resultaron en la muerte de 11 personas. El Gobierno de Bolivia denunció que este armamento fue utilizado durante la represión de esos hechos.
Los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance de calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance de calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. El procurador general del Estado, Ricardo Condori, destacó la importancia de esta sentencia, considerándola un “hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad”.
El ministro de Gobierno también se pronunció al respecto, afirmando: “Cumplimos con el pueblo boliviano por los lamentables hechos ocurridos en el año 2019”.
