El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ha calificado de “sabotaje” y “estrangulamiento a la economía popular” la reciente aprobación en el Senado de una ley que busca derogar la disposición adicional séptima de la Ley Financial, la cual se refiere a los decomisos de productos en casos de agio.
En este contexto, Montenegro denunció que la Cámara Alta también intenta eliminar la emisión de bonos, así como los incentivos a la industrialización, la reinversión y la producción de biodiésel. Además, se pone en riesgo la subvención de alimentos e hidrocarburos, incluyendo el diésel. Esto, según el ministro, afecta directamente a los salarios.
La noche del miércoles 5 de febrero, la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle el proyecto de ley para derogar la disposición séptima sobre el decomiso de productos, que está contemplada en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Este proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados. Además, los senadores «evistas» y opositores anularon otros artículos que estaban incluidos en la ley.
Impacto en la economía
Montenegro denunció que con esta ley se eliminan los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 21. Esto pone en riesgo la posibilidad de financiamiento a través de la emisión de bonos soberanos. También se eliminan los incentivos a la industrialización y la reinversión. En su opinión, esto constituye un “sabotaje conspirativo” contra la economía popular.
El ministro también advirtió que más de 50.000 contribuyentes están en vilo respecto a sus planes de pago debido a la eliminación de facilidades. Asimismo, mencionó que los productores de biodiésel se verán perjudicados por la eliminación del apoyo a su producción, lo que afecta directamente a quienes cultivan soya y otras especies destinadas a este fin.
Inseguridad jurídica
Además, Montenegro afirmó que esta ley genera una inseguridad jurídica sobre la administración del Estado y el funcionamiento de la economía nacional. También indicó que esto impacta las remuneraciones salariales en sectores como salud y educación. “Es la prueba táctica de que quieren generar esto porque saben que con esto el Gobierno y la política económica van a salir adelante”, dijo.
