Distintos sectores de la cadena productiva han confirmado un paro nacional programado para el 10 de febrero. Esta medida es en respuesta a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que incluye decomisos por supuestos casos de agio y especulación de precios.
Este miércoles se llevó a cabo el cuarto encuentro multisectorial en Tarija. En esta reunión participaron agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y cuentapropistas. Todos los sectores presentes expresaron su rechazo a la disposición séptima del PGE.
Los actores económicos movilizados exigen al presidente nato de la Asamblea Legislativa que convoque a una sesión de forma inmediata. Esto es para proceder con la derogación de la disposición, basándose en los proyectos de ley que se les han presentado hasta la fecha.
Reacción del Gobierno
El Gobierno ha calificado esta medida como extrema y ha hecho un llamado a establecer una mesa de diálogo para abordar el tema. Así lo indicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien mencionó que el Gobierno nacional ha creado un mecanismo de diálogo.
Montenegro también señaló que tanto el ministro de Desarrollo Rural, como el ministro de Desarrollo Productivo y el ministro de Justicia, han solicitado sentarse en mesas de trabajo para buscar soluciones. Sin embargo, no han recibido una respuesta favorable a su petición.
Contexto de la protesta
En este contexto, Montenegro considera que “tomar medidas de pleno”, como el paro, “no condice con esa cultura de diálogo que tiene el pueblo boliviano y, por lo tanto, la consideramos una medida extrema”.
Desde hace varias semanas, agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y cuentapropistas han unido fuerzas en contra de esta disposición. Esta medida contempla el “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
