El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, defendió la cláusula que permite la confiscación de productos de la canasta familiar durante su participación en el programa Hagamos Democracia. Silva argumentó que esta medida tiene como objetivo combatir el agio y la especulación, especialmente en un contexto de incremento de precios y escasez de productos.
En el Tercer Encuentro Multisectorial de la Cadena Productiva, que se llevó a cabo en Chuquisaca, varios sectores económicos expresaron su rechazo a esta disposición. Acordaron que, si no se deroga la cláusula, iniciarán movilizaciones a nivel nacional el 10 de febrero.
Debate politizado
Silva señaló que el debate sobre la disposición transitoria séptima del Presupuesto General del Estado 2025 ha sido politizado. Aseguró que el artículo busca combatir una actividad ilícita que afecta el abastecimiento de productos. Para lograr este objetivo, es necesario contar con una norma y un reglamento adecuados que eviten cualquier afectación al sector productivo formal.
“Existe una actividad ilícita que está perjudicando la economía de la población y hoy esta normativa se está utilizando simplemente con fines de protagonismo, porque estamos en un año electoral”, declaró Silva. Reiteró que el Gobierno no puede derogar ni abrogar la cláusula, ya que esa facultad corresponde a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, aseguró que los industriales son conscientes de que esta norma no los afecta.
Regulación de la medida
El viceministro añadió que la medida no afecta a los comerciantes minoristas ni a los gremialistas. Esta situación será regulada en la reglamentación correspondiente, donde se definirá el procedimiento para la incautación de productos y su destino final. Según Silva, estos empresarios son quienes actualmente declaran en contra del Gobierno y del modelo económico, buscando visibilidad y beneficios.
Conclusiones del encuentro
Durante el Tercer Encuentro Multisectorial de la Cadena Productiva, que se realizó en Chuquisaca el 30 de enero, diversos sectores económicos ratificaron su rechazo a la disposición adicional. Consideran que esta medida afectaría gravemente la libre circulación de productos y el funcionamiento de la cadena de abastecimiento en el país.
Como parte de las conclusiones del encuentro, se acordó iniciar movilizaciones a nivel nacional el 10 de febrero en protesta por la disposición mencionada. «En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero», señala el punto cuatro de las conclusiones del encuentro.
