El movimiento ecuatoriano Revolución Ciudadana tiene 24 aspirantes a legisladores que enfrentan procesos judiciales. Le sigue el partido SUMA con 23 y ADN con 20. Esta información proviene de una investigación realizada por Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que analizó el pasado judicial de 2.089 candidatos a asambleístas para las elecciones del 9 de febrero de 2025.
Detalles de la investigación
La investigación indica que uno de cada cuatro candidatos tiene un caso abierto por calumnia. Además, 14 candidatos tienen investigaciones previas que han sido archivadas. Dos de ellos tienen condenas ejecutoriadas y uno más cuenta con sobreseimiento. En total, 21 candidatos a asambleístas nacionales han enfrentado denuncias e investigaciones penales, ya sea en el ámbito público o privado.
Los candidatos analizados fueron inscritos por varios partidos, incluyendo Acción Democrática Nacional (ADN), Amigo, Centro Democrático, PID, Izquierda Democrática (ID), Partido Social Cristiano (PSC), SUMA, Unidad Popular (UP), Partido Sociedad Patriótica (PSP) y la alianza Revolución Ciudadana-RETO.
Candidatos con casos judiciales
Armando Flor Izaguirre, del partido Pueblo Igualdad Democracia (PID), está llamado a juicio en el caso Metástasis, donde se le considera supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Flor Izaguirre ha solicitado a la Corte Nacional que se suspenda la etapa de juicio hasta que se proclamen los resultados electorales. Según testimonios recopilados por la Fiscalía, habría perdido la confianza de los capos de la organización criminal por supuestamente incluir facturas fantasmas en las declaraciones tributarias de Norero.
Sergio Peña Veloz, candidato por la Revolución Ciudadana y RETO, está procesado desde 2022 por supuesta asociación ilícita. La Fiscalía determinó que formaba parte de un grupo que ofrecía altos cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a cambio de dinero. Aunque inicialmente no había suficientes evidencias para llamarlo a juicio, la Fiscalía apeló esta decisión y le fue concedido el recurso en 2023.
Condenas y sentencias
Juan Carlos Caicedo Salazar, candidato por Centro Democrático, fue sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 12 salarios básicos unificados por presunta asociación ilícita relacionada con promesas de vivienda a personas de bajos recursos. Óscar Chuquimarca, también del Centro Democrático, recibió una sentencia por abuso de confianza en 2017 y fue condenado a tres años de cárcel.
Gema Álava Álava, candidata del movimiento Amigo, fue sentenciada a tres años de prisión por estafa en 2015. Cumplió más de dos quintas partes de su condena y participó en talleres y actividades de rehabilitación antes de obtener el beneficio de prelibertad en marzo de 2017. Raúl Chávez Núñez del Arco enfrenta un caso por calumnia pendiente desde 2024. Álex Bósquez Cáceres está procesado por presunta usurpación y simulación de funciones públicas al haber suscrito documentos como juez.
Investigaciones y deudas
Yaku Pérez Guartambel tiene tres investigaciones archivadas relacionadas con peculado y tráfico de influencias durante su tiempo como prefecto. Las denuncias fueron archivadas por falta de pruebas. De los 180 candidatos a asambleístas nacionales, 13 tienen valores pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Dimitri Rojas Fedorow tiene una obligación pendiente de 3.273 dólares; Luigi García Cano debe 635 dólares. Raúl Chávez Núñez del Arco tiene una deuda mayor con el SRI que asciende a 27.179 dólares.
Un total de 64 candidatos no han presentado todas sus declaraciones anuales del Impuesto a la Renta entre 2017 y 2023. Annabella Azín Arce es quien más declaraciones pendientes acumula, al no haber presentado las correspondientes a los últimos siete años. El ex presidente Lucio Gutiérrez tiene sus declaraciones en cero entre 2021 y 2023; además, su declaración correspondiente a 2019 aún está pendiente.
Experiencia en el servicio público
De los candidatos analizados, el ejercicio del servicio público no es nuevo para el 44%, quienes han desempeñado funciones como asambleístas o en ministerios. Diana Jácome Silva ha colaborado con varios gobiernos y ha ocupado múltiples posiciones dentro del Estado. Eddy Rubio Iza ha pasado por 10 puestos diferentes en empresas públicas y ministerios.
Patrimonios de los candidatos
En total, al menos 19 candidatos han declarado patrimonios superiores a 100.000 dólares en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado. María Antonieta Guarderas Celi sextuplicó su patrimonio entre octubre de 2023 y su declaración posterior tras ganar una curul; mientras que Olguita Yance Coloma reportó un aumento significativo entre febrero de 2019 y julio de 2021.
Jacinto Espinoza Castillo experimentó variaciones drásticas en su patrimonio entre años consecutivos; Ricardo Xavier Vanegas Cortázar vio disminuir su patrimonio significativamente entre dos periodos declarativos. Un total de 18 aspirantes buscan regresar al Legislativo tras haber sido asambleístas anteriormente.
