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Diputada Claros considera que hay falta de transparencia en contratos de litio con empresas extranjeras

La diputada Lissa Claros se opone a los contratos de litio propuestos por el Gobierno Luis Arce / LA PATRIA Archivo
La diputada de Comunidad Ciudadana cuestiona la legalidad y viabilidad de los contratos propuestos por el Gobierno, advirtiendo sobre un posible desastre medioambiental.

La diputada Lissa Claros, perteneciente a Comunidad Ciudadana, ha manifestado su desacuerdo con los contratos de litio que ha propuesto el Gobierno de Luis Arce. Según Claros, estos acuerdos comprometerían los recursos naturales del país y podrían provocar un desastre medioambiental en Potosí.

Claros ha señalado que hasta el momento no se ha recibido la información legalizada que se había solicitado sobre este asunto. Además, criticó la falta de una ley de litio que establezca las regalías correspondientes a la explotación de este recurso.

Observaciones técnicas y jurídicas

Las observaciones que se han realizado abarcan aspectos técnicos, jurídicos y medioambientales. La diputada ha indicado que el Gobierno parece estar más enfocado en cumplir sus compromisos con Rusia, lo que podría llevar a regalar el litio del país.

“Un Gobierno que está a las puertas de salir, un Gobierno que se está cayendo a pedazos, no puede exigir a la Asamblea que le aprueben contratos por más de 40 años”, afirmó Claros, cuestionando si el Gobierno tiene la intención de dejar hipotecado al país.

Intereses ocultos

Claros también mencionó reuniones entre el hijo del Presidente Luis Arce y una transnacional rusa, sugiriendo que esto podría ser un indicio de intereses ocultos. “Lo que quiere hacer el Gobierno de Luis Arce Catacora es dejar hipotecado a nuestro país, dejar en manos de los rusos y de los chinos el litio”, agregó.

La diputada también advirtió sobre un posible desastre hídrico en Potosí. “Insto al Presidente Luis Arce a que lea un poco los contratos y vea el gran desastre que nos presenta Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), donde YLB no tiene ninguna participación en estos contratos”, manifestó.

Costos para el pueblo

Claros aseguró que las empresas involucradas recuperan todo su capital, mientras que el pueblo boliviano asume los costos de estas operaciones. “No vamos a aprobar los contratos de litio porque tenemos argumentos sólidos, jurídicos, técnicos, ambientales y sociales”, enfatizó.

Además, destacó que la ley de minería 535 establece un 3% para el Departamento de Productores, pero tras la disminución de impuestos, solo llega aproximadamente a un 1%. “Distribuyendo entre los 40 municipios, nos queda una miseria”, concluyó.

Preocupaciones sobre regalías

La falta de una ley específica sobre litio ha generado preocupación sobre cómo se beneficiará realmente al pueblo potosino y boliviano. Esto es especialmente relevante ante los posibles desastres ambientales que podrían surgir de la explotación de este recurso.


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