Pasado el mediodía de este jueves 30 de enero de 2025, varios sectores económicos de Bolivia anunciaron un paro nacional de 24 horas programado para el 10 de febrero. Esta acción busca presionar al Gobierno Nacional para que derogue la disposición séptima sobre decomisos de la ley del Presupuesto General. La decisión fue tomada tras una reunión nacional que se llevó a cabo en Sucre.
La Confederación de Gremiales y la Cámara Nacional de Industrias han expresado su firme demanda de que se derogue esta norma. Sin embargo, el Gobierno ha descartado la posibilidad de anularla y ha anunciado que se está trabajando en un anteproyecto reglamentario que podría abordar las preocupaciones planteadas por los sectores afectados.
Desde hace semanas, estos sectores han estado reclamando la derogación de la norma y habían advertido que, si no se atendía su solicitud, llevarían a cabo movilizaciones. César González, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, hizo un llamado a las autoridades para que les permitan trabajar y generar ingresos para el país.
Reacción del Gobierno
El Gobierno ha reiterado su negativa a anular la norma y ha revelado que ya cuenta con un anteproyecto de reglamentación, además de estar preparando un decreto. Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, confirmó que se seguirá insistiendo en convocar a los sectores que se oponen a esta medida.
Defensa de la propiedad privada
González enfatizó que están dispuestos a defender la propiedad privada en las calles. Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), expresó su preocupación en nombre de las distintas cámaras económicas. Hizo un llamado al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se derogue la norma, argumentando que esta acción sería la mejor decisión.
“Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política. Nosotros producimos y aquí en Sucre está Bolivia, cuya única prioridad es poder trabajar y producir con seguridad jurídica”, afirmó Camacho.
