Un grupo de 7 ciudadanos bolivianos fue capturado y acusado de tráfico de migrantes en la frontera entre Bolivia y Chile. La Policía chilena desmanteló esta banda el 24 de enero de 2025, después de un seguimiento que duró casi un año. Los individuos estaban transportando migrantes ilegales hacia varias ciudades del país vecino, como San Pedro de Atacama y Calama.
La justicia decidió enviar a estos 7 individuos a prisión por 5 meses mientras continúan las investigaciones. El ingreso de los migrantes se realizaba a través de Hito Cajones, ubicado al sur del departamento de Potosí. Los traficantes captaban a los interesados en diferentes ciudades y los llevaban hasta Uyuni para luego dirigirse hacia el sur e ingresar por este paso, que se encuentra a una altitud de 4,549 metros sobre el nivel del mar.
Costos del tráfico de migrantes
Los traficantes cobraban a los interesados entre 80,000 y 150,000 pesos chilenos, lo que equivale a Bs 600 a Bs 1,000. El arribo a la frontera y el traslado hacia San Pedro de Atacama o Calama se realizaba en vehículos, dado que el escaso tránsito por Hito Cajones hacía imposible que los migrantes caminaran. Las víctimas eran tanto ciudadanos bolivianos como de otras nacionalidades.
Falta de comunicación entre autoridades
Hasta el momento, las autoridades de la Cancillería de Bolivia no han informado sobre este operativo llevado a cabo por la Policía chilena, ni si hubo alguna coordinación entre las fuerzas policiales de ambos países. A través de una investigación realizada por la Fiscalía Local de Calama, en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile, se logró establecer la existencia de una asociación delictiva que cometía delitos de tráfico de migrantes.
Detalles de la operación delictiva
Los sujetos estaban ejecutando estos delitos desde abril de 2024 con el objetivo de lucrar y facilitar la entrada ilegal al país desde el paso fronterizo cercano a Hito Cajones, en la comuna de San Pedro de Atacama. Coordinaban con otros individuos en Bolivia que trasladaban a las víctimas en vehículos hasta la frontera con Chile y posteriormente las hacían cruzar ilegalmente por pasos no habilitados.
Formalización de los imputados
Las víctimas debían pagar montos que oscilaban entre 80,000 y 150,000 pesos por el traslado, sin realizar el control migratorio correspondiente. Finalmente, los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva y tráfico de migrantes (reiterado). El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad pública, fijando un plazo de investigación de 150 días.
