La ministra de Salud, María Renée Castro, rechazó este domingo 19 de enero de 2025 las acusaciones realizadas por el expresidente Evo Morales. Este último afirmó que el Gobierno había dado instrucciones para no brindarle atención médica ni emitir certificados que justificaran su ausencia en una audiencia judicial. Castro calificó estas declaraciones como falsas y malintencionadas, asegurando que su objetivo es generar confusión y desinformación.
Comunicado del Ministerio de Salud
En un comunicado que fue difundido a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, Castro negó que su cartera haya ordenado la destitución de algún médico por emitir un certificado médico. Además, destacó que estos documentos son elaborados dentro de la privacidad de la relación médico-paciente y están protegidos por el secreto profesional.
“Es absolutamente falso que desde esta cartera de Estado se haya instruido la destitución de algún médico (…) Rechazamos categóricamente estas acusaciones falsas y malintencionadas, que no hacen más que desinformar y generar confusión”, afirmó Castro.
Denuncias de Evo Morales
Este domingo por la mañana, Morales denunció en su programa radial que médicos del sistema público se negaron a atenderlo en el trópico de Cochabamba, alegando una supuesta orden del Ministerio de Salud. También aseguró que una médica privada que firmó un certificado fue despedida.
Solicitud del juez Nelson Rocabado
El juez Nelson Rocabado, quien está a cargo del caso de Morales en Tarija, solicitó al expresidente un certificado médico en un plazo de 48 horas para justificar su inasistencia a su audiencia de medidas cautelares. En esta audiencia, Morales enfrenta acusaciones de trata de personas y estupro.
Morales presentó un documento elaborado por un médico privado, pero el juez consideró que este no acreditaba un impedimento legítimo. Como resultado, declaró al exmandatario en rebeldía, ordenando su arraigo, la anotación de bienes y su aprehensión.
Castro lamentó que algunas exautoridades utilicen estos temas con fines políticos y electoralistas, ignorando las competencias del Sistema Nacional de Salud.
