La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha manifestado su desacuerdo con la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025. Según la CNI, esta medida podría generar inseguridad jurídica y afectar negativamente al sector formal de la economía.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, hizo un llamado al Gobierno para que se garantice un ambiente propicio para la producción y el empleo. Camacho destacó las consecuencias adversas que esta normativa podría tener sobre los derechos fundamentales de las empresas en Bolivia.
Camacho reafirmó la oposición del sector industrial a la disposición adicional séptima, describiéndola como confiscatoria y arbitraria. “La disposición adicional séptima abre la puerta a actos discrecionales que podrían derivar en confiscación de bienes, afectando la inversión y promoviendo la inseguridad jurídica en un momento crítico para la economía del país”, afirmó.
Impacto en el sector formal
El líder empresarial subrayó que esta norma asfixia al sector formal y fomenta la informalidad. Según él, Bolivia necesita certidumbre y no medidas que generen zozobra en el ambiente de negocios.
Además, Camacho detalló que el sector industrial da empleo a más de 600 mil trabajadores fabriles y sostiene el ingreso de aproximadamente 2,5 millones de bolivianos a través de sus familias. Afirmó que no pueden soportar regulaciones que dificulten su actividad. “No podemos seguir sobre regulando y creando normas que incentiven la extorsión y la informalidad. Los industriales quieren trabajar, producir y contribuir al desarrollo del país”, enfatizó.
Normativa existente y su aplicación
Camacho también subrayó que delitos como el contrabando y el agio ya están tipificados en el Código Penal, específicamente en el artículo 226. “Este país ya tiene suficientes normas. Lo que se necesita es aplicar las leyes existentes de manera eficiente y enfocarse en combatir las actividades ilegales”, agregó.
Pérdidas por contrabando
Asimismo, llamó la atención sobre las pérdidas ocasionadas por el contrabando, especialmente en el sector de combustibles, que superan los 600 millones de dólares anuales. Denunció que el comercio de vehículos ilegales y la minería no autorizada están devastando diversas regiones del país.
Reconoció el esfuerzo del Gobierno en fortalecer el control fronterizo, pero advirtió que aún queda mucho por hacer en términos de equipamiento, efectivos y logística para combatir el contrabando y el crimen organizado. Instó al Gobierno a priorizar el diálogo con los sectores productivos y a garantizar un entorno jurídico estable que fomente la inversión.
Vocación productiva del industrial
“El industrial boliviano tiene una vocación productiva, no conspirativa. Nuestra posición es institucional, gremial y apolítica”, afirmó Camacho, reafirmando el compromiso del sector industrial con el desarrollo del país.
