Un reciente informe de la Fundación Milenio ha puesto de manifiesto aspectos preocupantes sobre el contrato firmado entre el Estado boliviano, representado por Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), y la empresa rusa Uranium One Group (UOG) para el desarrollo de una planta de extracción de litio. Según el análisis, el acuerdo, que se firmó el 11 de septiembre de 2024, coloca a Bolivia en una posición desventajosa, ya que asume la mayoría de los riesgos, mientras que UOG no se responsabiliza por la operación de la planta.
Inversión y construcción
El informe señala que la inversión necesaria para la construcción de la planta será cubierta por Bolivia. Por su parte, UOG solo se encargará de la construcción, sin ofrecer ninguna garantía de que asumirá la operación posterior de la planta.
El plazo estipulado para la construcción es de 18 meses, tras los cuales el contrato quedará extinguido. Además, el acuerdo se ejecutará en tres fases, pero la asociación accidental dejará de existir antes de que se complete la construcción. «La gran incógnita es quién se responsabilizará de finalizar la planta», advirtió Henry Oporto, director de Milenio.
Propiedad y operación
Uno de los puntos más alarmantes es que, a pesar de que YLB tiene una participación mayoritaria del 51%, no será propietaria de la instalación. UOG, al finalizar la construcción, deberá firmar otro contrato para operar y mantener la planta. Además, la empresa rusa obtendrá el derecho a comprar y comercializar el litio que produzca en virtud de otro acuerdo.
Costos recuperables
El informe destaca que YLB estará obligada a firmar un contrato adicional para establecer los costos recuperables. Esto implica que la inversión realizada por UOG en la planta, así como en labores exploratorias y estudios, deberá ser reembolsada. Esta situación pone de manifiesto que los gastos recaerán sobre la empresa boliviana y no sobre el inversionista ruso.
Dependencia de inversión extranjera
La situación plantea un escenario complejo y preocupante para Bolivia. La dependencia de la inversión extranjera en recursos estratégicos puede traducirse en desventajas significativas si no se establecen condiciones más equitativas en los contratos.
