La Cámara Nacional de Industrias ha manifestado su desacuerdo con la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado. Según esta cámara, esta medida pone en riesgo derechos fundamentales y podría tener un impacto negativo en la inversión en el país. Pablo Camacho, presidente de la Cámara, realizó este pronunciamiento durante una reunión que tuvo lugar el 10 de enero de 2025.
Camacho señaló que la disposición en cuestión se traduce en confiscación, arbitrariedad y decomiso de productos. Por lo tanto, solicitó la derogación inmediata de esta medida, ya que considera que vulnera derechos que están consagrados en la Constitución Política del Estado. Estos derechos incluyen el trabajo, el empleo, el comercio y la industria, así como la propiedad privada y el patrimonio.
Inseguridad jurídica y su impacto
El presidente de la Cámara también hizo un llamado al Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Les pidió que eviten profundizar un clima de inseguridad jurídica que podría alejar tanto a las inversiones nacionales como extranjeras. Camacho enfatizó que es urgente aumentar la producción y las exportaciones en el contexto actual del país.
Necesidad de certidumbre
Camacho destacó que Bolivia necesita certidumbre y no zozobra. Afirmó que los aspectos mencionados podrían interrumpir el funcionamiento del aparato productivo. Además, advirtió sobre las consecuencias de sobrerregular y asfixiar al sector formal, lo que podría resultar perjudicial para la economía.
Consecuencias de la arbitrariedad
El presidente de la Cámara también subrayó que crear un entorno propenso a la arbitrariedad puede llevar a que funcionarios públicos incurran en prácticas de extorsión. “Lo único que va a generar esto es incentivar la informalidad”, afirmó Camacho, dejando claro su preocupación por las implicaciones de esta disposición.
Delitos y distorsiones económicas
Camacho mencionó que el agio, que está tipificado en el Código Penal en el artículo 226, así como el contrabando, son delitos que generan distorsiones en los precios y contribuyen a la inflación. Reiteró que “la vocación de los industriales es productiva, no conspirativa”, enfatizando el compromiso del sector con el desarrollo económico del país.
Finalmente, reafirmó que su postura es institucional y gremial. “Ratificamos nuestro rechazo a la disposición”, concluyó Camacho. Si se rechaza esta disposición, no se puede solicitar una reglamentación o modificaciones. Esta posición ya había sido expresada en diciembre de 2024.
