El periodista de “Canal del Pueblo” de la ciudad de Oruro, Lamdo Gómez Torrez, denunció el intento de detención, violencia y censura a su trabajo periodístico en la tarde del domingo 5 de enero, en oficinas policiales, según informó a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Un oficial de policía, de apellido Ríos, ordenó a Gómez que borre las imágenes que grabó con su teléfono móvil en el momento en que se arrestaba a una persona dentro de una investigación realizada en la Fuerza Especial Contra el Crimen (Felcc), el domingo cerca de las 17.00 horas.
El periodista explicó que no podía borrar imágenes obtenidas en una entidad pública para fines informativos, pero el oficial forcejeó para arrebatar el teléfono móvil y tomó por los brazos al comunicador. Luego de despojarlo del dispositivo móvil, el oficial ordenó el arresto del reportero.
Personal encargado de las celdas policiales dispuso la internación de Gómez y pidió al periodista que se quite los cordones de calzados y otras prendas, siguiendo el protocolo para una detención.
Durante 40 minutos, el periodista permaneció retenido en un patio de la Felcc y el caso fue puesto en conocimiento del director de la entidad policial, coronel Martín Arequipa.
La intervención de la organización sindical de periodistas que elevó una queja ante el director de la Felcc Martín Arequipa impidió que el atropello continuara, aunque el jefe policial intentó persuadir al periodista para el borrado de imágenes. El teléfono móvil fue devuelto a Gómez, que luego abandonó el recinto policial.
Durante el transcurso de los incidentes, la acción del oficial de policía vulneró el artículo 296 del Código Penal, que sanciona con reclusión de seis meses a tres años al que infringiere la libertad de prensa, y el artículo 303, que sanciona la restricción de la libertad de trabajo.
La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 17 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.
