El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, ha anunciado el inicio de una investigación tras la denuncia presentada por un ciudadano. Este denunciante reportó que presuntos policías retuvieron 100,000 bolivianos en Pisiga. El incidente tuvo lugar el jueves 2 de enero de 2025, cuando el denunciante intentaba cruzar hacia la República de Chile junto a su familia.
Investigación en curso
“Lo que extraña al Ministerio Público es que no se ha recibido informe alguno. Este hecho ocurrió el jueves aproximadamente a las 17:00 horas, y tenían 8 horas para emitir cualquier informe al fiscal de Pisiga”, señaló el fiscal Morales.
El fiscal también indicó que no ha recibido ningún informe hasta el momento, a pesar de que ya han pasado las 8 horas. Por esta razón, se ha abierto una investigación en contra de los presuntos autores del hecho. Además, Morales informó que la víctima ha presentado fotografías que podrían ayudar en la identificación de estos supuestos funcionarios policiales. “Estimamos que, en el curso de las próximas horas, vamos a pedir la nómina referente a este hecho”, sostuvo el fiscal.
Compromiso del Ministerio Público
La autoridad enfatizó que el Ministerio Público no tolerará ningún acto que no esté respaldado por la ley. También mencionó que ya se han establecido fiscalías en diferentes provincias y en varias fronteras. Este es el caso de Pisiga, donde el fiscal está procediendo con la apertura de casos y con la investigación correspondiente.
“Es evidente que cuando una persona no declara una suma mayor a 10,000 dólares, se debe proceder al secuestro. Sin embargo, lo extraño es que no se ha recibido informe alguno en las 8 horas que tenían los funcionarios policiales. Por ello, se ha iniciado la investigación pertinente”, afirmó el fiscal Morales.
Falta de documentación
Al ser consultado sobre si estas personas recibieron algún documento que explique y detalle el secuestro del dinero, el fiscal respondió que no tienen nada. No hay ningún descargo del dinero secuestrado, pero sí poseen algunas fotografías que habrían sido tomadas a los funcionarios involucrados.
