Bolivia se enfrenta a un alarmante aumento de los avasallamientos de tierras, un fenómeno que deja a los propietarios legítimos en situaciones de gran vulnerabilidad e indefensión. Este contexto ha ido creciendo debido a un modus operandi agresivo, en el que los invasores inician la ocupación física de los terrenos, construyendo cercas y luego quemando cultivos y bosques para tratar de legitimar su control sobre las tierras.
El caso de René Castedo
Un caso emblemático es el de René Castedo, un ganadero que, tras presentar una denuncia ante la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) el 11 de septiembre, encontró su propiedad vandalizada e incendiada. Acompañado de funcionarios de la ABT, Castedo constató boquetes en los cielos falsos de las viviendas de sus trabajadores, donde se había vertido diésel mezclado con aceite para iniciar un fuego. “Por protección divina, no ardieron los techos”, comentó, resaltando la gravedad del ataque.
Aumento de incendios forestales
En los últimos años, los incendios forestales en Bolivia han aumentado de forma alarmante, devastando inmensas áreas del territorio. Sin embargo, cada vez más reportes indican que muchos de estos incendios no son simplemente el resultado de fenómenos naturales o accidentes, sino que están siendo provocados con fines específicos. En muchos casos, el fuego se ha convertido en una herramienta para tomar el control de tierras de forma intencional, facilitando la apropiación ilegal.
Problemas de saneamiento de tierras
A pesar de contar con un fallo favorable del Tribunal Agroambiental Nacional desde 2008, que reconocía sus derechos sobre la tierra, el proceso de saneamiento en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sigue sin resolverse. Esto ha permitido que los avasalladores continúen con sus acciones delictivas. Castedo ha recurrido a monitorear su propiedad mediante imágenes satelitales y, gracias a ello, logró detectar incendios provocados de manera intencional cerca de sus tierras.
Impacto en comunidades indígenas
Las consecuencias de los avasallamientos van más allá de un solo propietario; la Central Indígena de Bajo Paraguá ha declarado estado de emergencia tras verificar desmontes y quemas que dan paso al fuego descontrolado en el Área Protegida Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco. Marcos Tomichá, gran Cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), ha indicado en diversas oportunidades a los medios de comunicación que la gente combate el fuego, pero que los incendios continuarán mientras no se ponga freno a los avasallamientos.
«Lamentablemente, siguen las quemazones; continúan quemando los cordones en los lugares de asentamiento. Siguen destrozando nuestros pulmones verdes. Es gente que viene de otro lado, tal vez no sabe cómo manejar el monte y hace desmanes”, manifestó.
Falta de control y reformas necesarias
Por otra parte, autoridades locales, como el alcalde de Ascensión de Guarayos, Pablo Guaristi, han subrayado la falta de control en la dotación de tierras y la necesidad de reformar la normativa actual para proteger los recursos naturales y agrícolas de la región. Mientras tanto, René Castedo continúa denunciando esta acción acompañado por el respaldo legal, con el fin de que las autoridades tomen medidas efectivas.
Situación en otras áreas
La misma situación afecta a otras áreas, como en el manejo forestal Vasber (Área Transitoria Especial en Urubichá), donde, mediante un sobrevuelo, se verificaron al menos 6 asentamientos. Estos avasallamientos están en tierras para uso forestal y, según la categorización establecida por el INRA, son tierras fiscales no disponibles. Este ciclo de avasallamientos y la falta de respuesta institucional resultan en una amenaza tanto para los propietarios de tierras como para el medio ambiente en Bolivia.
