Afectada por la crisis global que impacta a los medios de comunicación, la prensa boliviana enfrenta una «asfixia económica» provocada por el Gobierno. Los medios reclaman políticas públicas que apoyen sus esfuerzos por sobrevivir en este entorno adverso.
Cierre de La Razón
La reciente decisión del periódico La Razón, que se publica en La Paz y fue fundado hace 34 años, de abandonar su edición impresa y enfocarse en el formato digital, pone de manifiesto esta crisis. Aunque los directivos no explicaron las razones de esta decisión, su complicada situación financiera ya era conocida.
En 2020, durante la cuarentena por la covid-19, el medio despidió a 93 trabajadores, según denunciaron los afectados y los principales gremios de la prensa en Bolivia.
Cierre de Página Siete
Otro caso relevante es el del diario Página Siete, que cerró en 2023 después de 13 años de operación. Este cierre resultó en el despido de cerca de 80 trabajadores, de los cuales 30 eran periodistas. Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), recordó esta situación en declaraciones a EFE.
Los propietarios de Página Siete atribuyeron el cierre a un «acoso» por parte del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, más de un año después del cierre, no han cumplido con el pago de sueldos ni beneficios sociales adeudados a sus extrabajadores, a pesar de las promesas realizadas.
Publicidad estatal y alineación
Alanes señaló que La Razón fue «uno de los medios más favorecidos con publicidad estatal». Sin embargo, sufrió un recorte en esta publicidad debido a su «alineamiento» con una de las facciones del MAS, que se ha visto dividida desde 2021.
El caso de Página Siete es considerado «la expresión» de la presión financiera que enfrentan los medios de comunicación para alinearse políticamente con el régimen actual. Esta «asfixia económica» se debe a la distribución «discrecional» de la publicidad estatal, un factor que la ANPB identifica como una de las causas de la crisis de medios en Bolivia.
Restricciones y presiones
Los dueños y directores de medios independientes han denunciado en varias ocasiones que los Gobiernos del MAS les han restringido o negado la publicidad estatal por no estar alineados con el oficialismo. Además, han presionado a la empresa privada para que no publicite con ellos.
Alanes afirmó que las políticas no han cambiado. Lo que comenzó como una estrategia de acción gubernamental durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) ha continuado, especialmente en lo que respecta a la asignación de publicidad estatal.
Investigaciones y desprestigio
Un estudio reciente del medio peruano Ojo Público reveló que los Gobiernos de Morales y Arce destinaron más de 500,000 dólares a un grupo de 28 medios impresos y digitales, cuyos accionistas, gerentes o representantes están vinculados al Ejecutivo.
Además, existen acciones como «campañas de desprestigio» contra el trabajo periodístico y la creación de «guerreros digitales», funcionarios encargados de defender al Ejecutivo y desacreditar a periodistas o líderes considerados opositores.
Condiciones laborales precarias
Un estudio presentado en abril por la ANPB advirtió sobre la creciente «precarización» de las condiciones laborales para los periodistas en Bolivia. Cerca del 80% de los informadores tienen empleos «inestables» y sus salarios han caído en más de un 50%.
Los medios también están «achicándose», reduciendo personal o contratando a periodistas bajo contratos civiles sin beneficios sociales, añadió Alanes.
Desarrollo digital y apoyo
Aunque la creciente oferta informativa digital ha contribuido a la crisis de los medios impresos, Alanes sostiene que no es la causa principal. Históricamente, el sustento financiero de estos medios ha sido la publicidad estatal y privada.
En Bolivia, hay «serias deficiencias» tecnológicas debido a la falta de acceso a internet, que es uno de los más costosos en la región. A pesar de esto, los medios están haciendo «múltiples esfuerzos» para no quedarse atrás y ya están presentes en el ecosistema digital con páginas web, aplicaciones y redes sociales.
Alanes considera que estos esfuerzos requieren «políticas públicas que potencien ese desarrollo» en lugar de socavarlo, para garantizar los derechos a la libertad de prensa y expresión.
Fuente: EFE
