Los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, han hecho un llamado conjunto para que se difundan las actas electorales «desglosadas por mesa de votación» en Venezuela. Esta solicitud se produce después de que el Tribunal Supremo venezolano avalara la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. La declaración conjunta de ambos mandatarios fue emitida después de conversaciones telefónicas mantenidas recientemente.
Tanto Lula como Petro están convencidos de que la credibilidad del proceso electoral en Venezuela solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. Ambos líderes acordaron una posición común sobre el proceso electoral venezolano tras sus conversaciones telefónicas. La Presidencia brasileña ha divulgado información al respecto.
Diálogo pacífico y convivencia democrática
Los presidentes reafirmaron que la normalización política en Venezuela pasa por reconocer que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad. También hicieron un llamado a todas las partes involucradas a evitar la violencia y la represión.
Esperando la publicación de las actas desglosadas
Lula y Petro tomaron nota de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de convalidar la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales, aunque esta decisión ha sido cuestionada por gran parte de la comunidad internacional. Ambos presidentes siguen esperando la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de las actas desglosadas por mesa de votación.
Dudas sobre la independencia e imparcialidad del fallo
Los gobiernos de Brasil y Colombia han puesto en duda la independencia e imparcialidad del fallo emitido por la corte venezolana. Sin embargo, han mantenido abiertos sus canales de comunicación con las partes involucradas para facilitar el entendimiento entre ellas.
Oposición a las sanciones unilaterales
Tanto Lula como Petro manifestaron su total oposición a las sanciones unilaterales como instrumento de presión, considerándolas contrarias al derecho internacional y perjudiciales para los sectores más vulnerables.
