El diputado del Movimiento Al Socialismo, Froilán Mamani, junto a organizaciones sociales y el ingeniero Javier Iturralde, han solicitado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una reglamentación que permita la comercialización de biodiésel producido por una empresa privada en la ciudad de El Alto.
En una conferencia de prensa, Mamani presentó un proyecto industrial liderado por un grupo de emprendedores alteños. Este proyecto consiste en la construcción de una planta para producir diésel a partir de residuos como neumáticos, aceite usado de motor y plástico.
El diputado resaltó que este biodiésel sería una alternativa frente al desabastecimiento de combustible, especialmente de diésel, que actualmente enfrenta el país. Además, destacó que el proyecto generaría empleo en la región.
Un proyecto que busca solucionar el desabastecimiento de combustible
El ingeniero Javier Iturralde, responsable del proyecto, explicó que esta iniciativa surgió hace aproximadamente cinco años y ha sido socializada con la ciudadanía, diferentes instituciones y autoridades estatales durante los últimos tres años y medio. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuestas positivas.
Iturralde mencionó que en la ciudad de Villeta, Paraguay, ya se está construyendo una planta procesadora de biodiésel con una capacidad de producción de 10 mil litros por día. En contraste, en Bolivia no han tenido el mismo apoyo por parte de las instituciones, a pesar de contar con la licencia ambiental y todos los permisos necesarios.
El ingeniero propuso la construcción de seis plantas con una capacidad de producción de 224 mil litros por día cada una. Según sus cálculos, la suma de estas plantas cubriría el 15% del consumo nacional de diésel. Además, afirmó que si se construyen más plantas, podrían abastecer todo el país.
Certificación de calidad y solicitud de reglamentación
Iturralde resaltó que el biodiésel producido ha sido certificado por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) tras someterlo a pruebas. «Tenemos las firmas de los laboratoristas de YPFB que certifican la calidad de nuestro combustible», afirmó.
El ingeniero aclaró que no están buscando recursos económicos del Gobierno, ya que cuentan con inversionistas, y tampoco están solicitando cambios en la Constitución Política del Estado, en referencia a la Ley de Hidrocarburos. Su objetivo principal es obtener una normativa y reglamentación que les permita comercializar sus combustibles.
Es importante mencionar que el año pasado, el diputado Froilán Mamani solicitó al Ejecutivo una licencia de funcionamiento para esta empresa privada, pero no obtuvieron resultados positivos.
