Una comisión de la Policía Federal ha notificado al expresidente argentino Alberto Fernández sobre las restricciones que deberá cumplir tras la denuncia de violencia de género presentada por su expareja y exprimera dama, Fabiola Yáñez. La notificación tuvo lugar en su departamento de Puerto Madero y está relacionada con un expediente iniciado por Yáñez, quien alega haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas.
El juez federal Julián Ercolini ha impuesto al exmandatario varias medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a Yáñez a menos de 500 metros y la restricción de todo tipo de contacto, tanto físico como digital. Además, se le ha prohibido salir del país y se ha ordenado a la custodia del Ministerio de Seguridad que proteja a Yáñez, quien actualmente reside en España con su hijo.
Reactivación de la denuncia y evidencias de violencia
La denuncia de Yáñez, que inicialmente había optado por no presentar cargos, fue reactivada después de descubrir mensajes y fotografías que revelaban episodios de violencia. Según el juez, Yáñez ha manifestado estar sufriendo «terrorismo psicológico» y acoso telefónico por parte de Fernández. En su resolución, Ercolini destacó que la ex primera dama debe sentirse protegida ante posibles intimidaciones.
Origen del caso y escándalo de corrupción
La situación en torno a las acusaciones de violencia de género contra Alberto Fernández se origina en un escándalo de corrupción revelado por el director de Clarín, Ricardo Roa, en febrero. Se acusaba a Fernández de facilitar la intervención de intermediarios en la venta de pólizas entre organismos del Estado, beneficiando a Héctor Martínez Sosa, un conocido del expresidente, quien recibió comisiones millonarias. Durante la investigación, se encontraron mensajes entre la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y la ex primera dama, Fabiola Yáñez, que mencionaban posibles actos de violencia en la Quinta de Olivos.
Investigación y pruebas adicionales
El juez Julián Ercolini abrió el caso para indagar en el asunto debido a la naturaleza del posible delito. A finales de junio, se determinó que lo mejor era citar a Yáñez. En medio de la investigación del teléfono de Yáñez se encontraron fotos de la misma con lesiones visibles, así como un video que presuntamente implicaba a Fernández en un acto violento. Aunque se le preguntó a Yáñez si deseaba presentar una denuncia, ella declinó hacerlo, residiendo en Europa y alegando no tener riesgo de nuevos incidentes.
Reacciones políticas y sociales
Este caso ha resonado en un contexto político complicado para Fernández, quien, tras haber enfrentado una seria crisis de liderazgo en su partido, ha visto oportunamente debilitada su posición a raíz de estas acusaciones. Diversos miembros del peronismo, incluido el actual contexto de la justicia, han expresado su condena a la violencia y el deseo de que se actúe con transparencia en este caso.
Complejidad jurídica y atención a las víctimas de violencia de género
La denuncia y el posterior inicio de los procedimientos judiciales ponen de manifiesto la complejidad de la situación, que incluye no solo cuestiones legales, sino también la necesidad de un tratamiento adecuado para las víctimas de violencia de género en Argentina. A medida que la causa avanza, el fiscal Carlos Rívolo ha estado en contacto con Yáñez para delinear los próximos pasos, incluyendo su declaración formal sobre los hechos denunciados.
