Santa Cruz, 13 Jun.24 (ANP)
Una fiscal de la ciudad de Santa Cruz se pronunció por el cese del proceso judicial contra el capitán de Policía Víctor Hugo Santalices Jáuregui que fue denunciado por una golpiza a periodistas de la red privada de televisión Unitel, el 1 de enero de 2023, en medio de protestas ciudadanas por la detención del entonces gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho.
“Me sorprendí con esta decisión… yo identifico de manera clara al policía Víctor Hugo (Santalices). Él empezó a forcejear conmigo queriendo quitarme la cámara, después aparecieron más policías y continuó la agresión…”, declaró a la Unidad de Monitoreo de la ANP el camarógrafo Joel Orellana.
La resolución que se aplica en la legislación de Bolivia cuando no existe prueba concreta de incriminación colisiona con la denuncia presentada por el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, y la asesora legal de la organización, Raquel Guerrero, que describieron la agresión sufrida por el camarógrafo Joel Orellana y el periodista Miguel Ángel Rivero. Según los datos recopilados por el diario El Deber, en la madrugada del 1 de enero de 2023, los enviados de prensa grabaron escenas de detención de una persona y “luego fueron agredidos por un oficial vestido de negro que fue identificado como el teniente Santalices. Luego llegaron al menos ocho policías más que también actuaron con violencia”. Rivero requirió asistencia médica porque sufrió heridas en la cabeza y la mano, mientras que Orellana sufrió la pérdida de su teléfono móvil que tiene un costo próximo a los 300 dólares, además durante la agresión quedó destruida la iluminación externa de su cámara que tiene un costo estimado de unos 70 dólares.
La fiscal especializada en Delitos contra la integridad personal, Marioly Tórrez Jurado, solicitó el sobreseimiento del capitán Santalices por considerar que “en el transcurso de la investigación no ha existido prueba fehaciente que demuestre que el imputado ha sido la persona que agredió físicamente a los periodistas” de Unitel, según El Deber.
En mayo pasado, la fiscal Tórrez instaló una audiencia de conciliación y el oficial ofreció el pago de 100 dólares americanos. La propuesta fue rechazada por las organizaciones periodísticas que reclamaron justicia frente al hecho de violencia. “Con esta decisión (de la Fiscal), pierdo la confianza en la justicia como muchas personas en el país.., espero que esta situación no vuelva a pasar en nuestra sociedad, que no agredan a los trabajadores de los medios de prensa que sólo realizan el trabajo de informar y reflejar a la población lo que sucede en nuestro país”, afirmó Orellana.
El fallo de sobreseimiento debe ser conocido por el fiscal departamental Roger Mariaca que puede revocar o confirmar la opinión de la fiscal Tórrez.
