Bolivia

Interculturales denuncian persecución “evista” contra sus afiliados en el Trópico de Cochabamba

El Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia / ABI
Denuncian persecución a afiliados de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, incluyendo al viceministro Jaime Mamani, por parte de seguidores de Evo Morales.

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia ha denunciado públicamente este miércoles que miembros afines al expresidente Evo Morales están llevando a cabo una persecución en contra de sus afiliados. Entre las personas afectadas se encuentra el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, así como dirigentes de la Federación Yungas Chapare.

En una resolución aprobada por el comité ejecutivo de la organización, se ha expresado un firme respaldo a las víctimas y un rechazo contundente a los ataques y amenazas que han sufrido. Específicamente, se ha mencionado el caso del viceministro Jaime Mamani Espíndola y su familia, quienes han sido objeto de amenazas por parte de Evo Morales Ayma y su ala radical. Cabe destacar que el expresidente Morales había cuestionado a Mamani el pasado 19 de mayo, advirtiendo sobre posibles atentados por parte de narcotraficantes.

Solicitud de protección y acción por parte del gobierno

Ante estas amenazas, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia ha solicitado a los ministros de Justicia y Gobierno que tomen medidas para precautelar el derecho a la vida del viceministro y los dirigentes de la Federación Chapare. Vidal Gómez, presidente de la Comisión Política de la Confederación, ha denunciado que los afiliados están siendo perseguidos en el Trópico de Cochabamba debido a su negativa a apoyar la política «dictatorial» de Morales.

Demandas a la Asamblea Legislativa

Además de la solicitud de protección, la Confederación Sindical ha demandado a la Asamblea Legislativa que apruebe proyectos de ley por un monto total de más de 920 millones de dólares. Asimismo, han instado a retomar la preselección de candidatos judiciales, en cumplimiento con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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