Betilde Muñoz-Pogossian/Latinoamérica21
Según Naciones Unidas, a finales de 2020 había aproximadamente 281 millones de migrantes en el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población global. El 26% de la población migrante mundial vivía en las Américas, lo que significa que los migrantes constituían el 7% de la población total de la región ese año. Al mismo tiempo, 117 millones de personas habían sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo, lo que representa un aumento del 950% en los últimos 10 años. De estas personas, 9,2 millones fueron desplazadas en las Américas, es decir, el 28% de la población desplazada global se encuentra en América Latina y el Caribe.
¿Qué nos dicen estos datos?
Que somos la región que más migra. No sólo los datos lo confirman sino también la prioridad que se le está dando a este tema a nivel regional. En efecto, la migración y el desplazamiento forzado fueron los principales puntos discutidos en el marco de la III Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2024 en la Ciudad de Guatemala con la participación de 20 de los 22 países que aprobó el documento en 2022 al margen de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles.
Considerando la prioridad de esta agenda a nivel regional, es válido resaltar tres temas claves que surgieron de la discusión en Guatemala. Además de discutir el carácter verdaderamente hemisférico del fenómeno migratorio que está impactando a prácticamente todos los países de la región como países de origen, tránsito, destino e incluso retorno, y revisar los datos, desafíos y oportunidades, los países participantes en el encuentro también discutieron (a) los desafíos de financiar la recepción e integración de personas en situaciones de movilidad humana, (b) la necesidad urgente de garantizar una membresía más inclusiva en el proceso de seguimiento de la Declaración, y (c) la necesidad de vincular las cuestiones del cambio climático y migración. Un elemento adicional a destacar fue la “desvenezolización” de la discusión del tema, y la mención de foros como los que ofrece la Declaración de Palenque como alternativas para discutir temas migratorios a nivel regional.
En cuanto a la cuestión del costo de la migración para los países de tránsito y de acogida, una cuestión que surgió con mucha fuerza fue la necesidad de una mayor financiación tanto de las instituciones financieras como del sector privado. En esencia, los países de origen deben resolver las causas estructurales de la migración y los países receptores deben invertir en la integración de migrantes y refugiados, pero esto tiene un costo financiero difícil de soportar para los países de América Latina y el Caribe que continúan enfrentando dificultades económicas, especialmente post-COVID, y con cada vez menos acceso a fondos internacionales que se están invirtiendo en otras crisis en el mundo.
A modo de ejemplo, en 2023, en el marco del Foro Mundial sobre los Refugiados, se hicieron más de 1.600 anuncios de cooperación financiera y técnica destinados a la atención de los refugiados y sus comunidades de acogida, incluidos 250 millones de dólares prometidos por el sector privado. Estas contribuciones del sector privado se centraron principalmente en apoyar iniciativas para la educación, la protección de las personas en movilidad humana, el empleo y los medios de vida de los refugiados.
Sin embargo, al observar la asignación de estos fondos por región, las Américas no fueron priorizadas como región por los donantes internacionales a pesar de que albergamos las mayores dinámicas de migración y desplazamiento forzado en la historia reciente de la región, incluida la situación en Centroamérica y México, donde más de 1,8 millones de personas han sido desplazadas y, desde octubre de 2022, el mayor éxodo del mundo, el de venezolanos.
Migración infantil
Un aspecto importante de por qué es estratégico invertir más en la gestión de la migración y el desplazamiento forzado tiene que ver con la migración infantil. Los niños y adolescentes representan menos del 15% de la población migrante a nivel global, sin embargo, en América Latina y el Caribe representan el 25% de las personas en situación de movilidad humana. Y por cierto, las niñas y adolescentes representan alrededor del 20% del flujo migratorio femenino en la región. De hecho, en 2022, 3,7 millones de niños, niñas y adolescentes de la región se encontraban en procesos de migración y desplazamiento, lo que representa un aumento del 47% respecto a 2021.
En segundo lugar, y con base en el espíritu interamericano de cooperación e inclusión, se enfatizó la importancia de garantizar una membresía más inclusiva en el proceso, incluyendo la participación de otros actores clave que contribuyan y participen activamente en el ecosistema de respuesta a la migración y desplazamientos forzados. Para 2024, sólo 22 de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) participan en el proceso de seguimiento de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección con una notable ausencia, por ejemplo, de los países anglocaribeños. También se hizo evidente la necesidad de incluir a la sociedad civil y la academia, y aunque su participación no fue parte del foro como tal, sus aportes y propuestas fueron recibidos con la expectativa de poder generar procesos institucionalizados para su participación en el futuro.
Un tercer tema importante tratado fue la conexión entre la migración y el cambio climático de dos maneras. Por un lado, se hizo evidente que el cambio climático, combinado con otros factores, puede ser un factor que impulse la migración. Un ejemplo clave y cercano a la realidad guatemalteca es la realidad que se presenta en el Corredor Seco de Centroamérica, y el impacto que las sequías pueden tener en la seguridad alimentaria de estas poblaciones. De hecho, datos de Naciones Unidas estiman que 17 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático y la degradación ambiental en los próximos años, y es una realidad que afecta también a América Latina y el Caribe, especialmente.
Por otro lado, y desde la perspectiva de lo que sucede actualmente en el Darién, también se discutió el impacto ambiental del paso de personas por esta ruta migratoria. Para ilustrar esto último, datos de la autoridad migratoria fronteriza de Panamá documentan que, en 2023, al menos 520.085 personas cruzaron el Darién, lo que representó un aumento del 109% respecto a lo registrado en 2022, que fue de alrededor de 248.000 personas, y 133.000 en 2021. Entre enero y abril de este año (2024), 139.000 personas ya cruzaron de Colombia a Panamá por el Darién, siendo el 20% del total menores de edad.
Al mismo tiempo, también se están produciendo importantes daños ambientales, como la pérdida de bosques primarios, pérdida de suelo por erosión, contaminación de ríos y playas por basura en el Parque Nacional, entre otros, por el paso constante de personas. Sin duda, este es un tema poco abordado y que debería incluirse cada vez más entre las prioridades de la discusión regional.
La migración venezolana
Finalmente, más de 7,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos han abandonado su país de origen desde 2018, de los cuales unos 6,5 millones (84%) están siendo recibidos en países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, de las 139.000 personas que han cruzado el Darién entre enero y abril de 2024, el 63% eran venezolanos. Sin embargo, el éxodo venezolano no estuvo en el centro de la discusión como en reuniones anteriores, ni tampoco los desafíos que representa esta migración dado el volumen y velocidad de los movimientos del pueblo venezolano y dadas las precarias condiciones de su tránsito migratorio.
Al mismo tiempo, también entró en el radar de la discusión la posibilidad de abordar estos temas en el marco de otros foros, en particular, el que ha surgido del Encuentro de Palenque que tuvo lugar en México en 2023, y en el que Cuba y Venezuela participan.
Sin duda, los países de la región dieron un paso positivo al adoptar la Declaración de Los Ángeles sobre Protección y Migración al margen de la Cumbre de las Américas 2022 celebrada en Los Ángeles. Sin embargo, casi dos años después de su aprobación, persiste la expectativa de que este nuevo mecanismo de cooperación regional en materia migratoria pueda ofrecer nuevos y mejores resultados y agregar valor a lo logrado anteriormente. Esto es algo que podremos evaluar con el tiempo y a medida que el proceso se siga institucionalizando y que será una prioridad clave para los países de la región.
*Las opiniones son personales. No representan a los de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Director del Departamento de Inclusión Social, Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Co-Coordinadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Becario Draper Hills en Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho, Univ. de Stanford.
