La Fiscalía de Perú presentó el lunes 27 de mayo una denuncia constitucional contra la presidente Dina Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado por el caso conocido como «Rolexgate», relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidente, quien goza de inmunidad. Está dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno, que, en última instancia, deberá determinar si recomienda acusar a Boluarte por este caso.
La denuncia y sus implicaciones
La denuncia contra Boluarte fue enviada al presidente del Congreso, Alejandro Soto. En primer lugar, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verificará los datos formales de la denuncia. Detalla que los hechos están referidos a que la mandataria habría recibido -en calidad de donación- del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidente de la República.
La denuncia tiene 63 páginas en las que el Ministerio Público expone sus argumentos y pruebas para demostrar que la mandataria habría cometido el delito referido. La tesis fiscal sostiene que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coinciden con visitas que este realizó a Boluarte, y afirma que el Ejecutivo ha emitido varios decretos de urgencia y decretos supremos que habrían beneficiado al gobernador y su región. Lo que indicaría que la presidente habría actuado dolosamente al recibir como donaciones estos objetos.
El debate jurídico y la respuesta de Boluarte
La primera vez que se utilizó esta figura contra un presidente en ejercicio fue durante el mandato de Pedro Castillo, lo que abrió entonces un debate jurídico, puesto que el artículo 117 de la Constitución recoge que un presidente en ejercicio solo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones presidenciales parlamentarias, regionales o municipales o por disolver el Congreso de forma irregular.
En marzo, una investigación periodística mostró que la mandataria tenía una gran colección de relojes de lujo que no había declarado a la autoridad electoral, lo que desembocó más tarde en la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía. Boluarte dijo en un primer momento que los relojes eran suyos fruto de su esfuerzo, pero semanas después reconoció que eran un préstamo de su amigo Oscorima y afirmó que había sido un error político aceptar dicha donación.
Fuente: EFE
