El Gobierno de Perú ha decidido presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, alegando un presunto menoscabo en el adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidente de la República, Dina Boluarte. La resolución oficial, publicada en el diario oficial El Peruano por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no especifica el motivo exacto de la afectación de las funciones presidenciales.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha designado al Procurador Público Especializado en Materia Constitucional para que ejerza la representación del Ejecutivo en el proceso que se llevará ante el Tribunal Constitucional (TC). El Consejo de Ministros otorgó la autorización para interponer la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por el menoscabo en el adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República.
El conflicto de competencias según el Nuevo Código Procesal Constitucional
La PCM ha señalado que el Nuevo Código Procesal Constitucional establece que el conflicto de competencias se produce cuando un poder o entidad estatal adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.
Investigación preliminar contra Dina Boluarte
Dina Boluarte está siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por presunta corrupción y cohecho en el caso Rolex, que implica el uso de relojes y joyas de lujo no declaradas, así como por un supuesto caso de encubrimiento personal durante las investigaciones contra uno de sus hermanos por presunto tráfico de influencias.
Declaración de la defensa de Boluarte
El abogado representante legal de la presidente, Eduardo Barriga, ha sostenido en una audiencia judicial que la Fiscalía vulneró los derechos a la defensa y el debido proceso de la gobernante durante la investigación abierta por el caso Rolexgate.
Audiencia de evaluación de la tutela de derechos
El magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha escuchado al abogado de Boluarte y a los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado en la audiencia de evaluación de la tutela de derechos presentada por su defensa. Se ha solicitado que se exhorte al fiscal general a realizar el control debido de las actuaciones fiscales según lo dispone el Código Procesal Penal.
Ampliación de declaración y citación de testigos
El fiscal Villena ha dispuesto que Boluarte amplíe su declaración por el caso Rolex y también ha citado a declarar al gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien es investigado por un presunto cohecho activo genérico tras haber asegurado que prestó los relojes a la gobernante.
