En estos días, se debate en países como Holanda sobre la despenalización de drogas como un camino hacia eliminar a las organizaciones criminales que con su violencia desestabilizan a países enteros. Se reconoce que por sí sola esta política no puede resolver los efectos del negocio del narcotráfico internacional ni siquiera en los países más ricos del mundo. En países como Ecuador, que tiene altos índices de desigualdad económica, injusticia social y corrupción, se desatarían todavía más problemas.
Primero, despenalizar drogas selectivamente, como hizo Uruguay con el cannabis, no ha eximido a ese país de la violencia provocada por el narcotráfico. Teóricamente, habría que despenalizar todas las drogas, lo cual traería serios problemas de salud pública, como muestran los índices de adicción y muerte por fentanilo en Estados Unidos. Y, aun si Ecuador quisiera enfrentar este reto, su sistema de salud pública tiene preocupaciones más apremiantes y carece crónicamente de financiamiento.
Segundo, aunque se despenalizaran todas las drogas, las redes criminales no están interesadas solo en ellas; pueden diversificar sus actividades ilegales para seguir operando. Bajo la lógica de controlar los flujos de dinero, se tendría que liberar toda actividad susceptible de control en el país, empezando por los cigarrillos y gasolina que son objeto de lucrativas redes de contrabando y terminando con la minería descontrolada. Y esto no es posible.
Tercero, aunque sea un lugar común en los debates, no hay una respuesta sencilla a los niveles de violencia que han alcanzado los países consumidores, productores y distribuidores. Ecuador primero necesita abordar las causas profundas de la inequidad, la discriminación social y laboral sistemáticas, la delincuencia generalizada en los diferentes poderes del estado y la escasa institucionalidad jurídica. En el país, hasta las drogas legales, los medicamentos, son una mercancía apreciada por las mafias enquistadas en el estado.
La alcaldesa de Amsterdam, Femke Halsema, recientemente expresó su preocupación de que los Países Bajos se conviertan en un narcoestado y que con ello la violencia desestabilice al país. Para prevenir, como está sucediendo, que jóvenes de apenas 14 años se empiecen a involucrarse en su comercio ilegal, propone alternativas que incluyan la legalización de ciertas drogas siguiendo el ejemplo de Uruguay. Pero esta opción es factible en países con un sólido sistema regulatorio, fiscal y jurídico con mayor capacidad para controlar los flujos de dinero y las influencias indebidas.
En Ecuador, la despenalización de drogas exige cambios para los que no está preparado. En el país, los asesinatos de dignidades electas y personas públicas se pueden cometer dentro de un alto grado de impunidad. El más reciente homicidio, del fiscal César Suárez Pilay el 17 de enero, mostró una vez más que cualquier criminal, desde el jefe de un cartel hasta una mafia menor, se sienten en la libertad de despachar a un representante de la administración justicia en plena vía pública.
La despenalización de las drogas exige cambios fundamentales: tanto las garantías para aplicar la ley de manera efectiva como mecanismos sistemáticos de inclusión económica y social. Ante su falta, cualquier otro negocio ilícito puede prosperar y no se habrá resuelto ni una mínima fracción del problema.
/Irene Torres/Latinoamérica21
