Según datos del Ministerio de Gobierno de Bolivia, más del 80% de los aprehendidos por robo o hurto en el país obtuvieron su libertad en 2023. Esta alarmante cifra refleja la impunidad que prevalece en el sistema judicial boliviano y ha generado preocupación en el ministro Eduardo Del Castillo, quien destaca la necesidad de implementar reformas legales para combatir este problema.
De acuerdo con la Dirección General de Régimen Penitenciario, el año pasado se registró el mayor número de personas denunciadas por delitos contra el patrimonio en Bolivia, alcanzando un total de 21.330 individuos. Sorprendentemente, de estas personas, 2.931 fueron enviadas a centros de reclusión, pero 2.411 lograron recuperar su libertad. Esto evidencia una alta tasa de liberaciones en casos relacionados con hurtos y robos.
El sistema judicial boliviano y su grave problema de impunidad
El ministro Eduardo Del Castillo ha expresado su preocupación ante esta situación, señalando que «los delincuentes entran y salen de las cárceles como si estuvieran de vacaciones». Además, solo el 2,78% de las denuncias ante la Policía Boliviana resultaron en sentencia condenatoria, lo que demuestra un problema grave en el sistema judicial y altos índices de impunidad. Incluso aquellos que reciben sentencias de 2 a 3 años de prisión también regresan a las calles, propiciando la impunidad para los delincuentes.
Anteproyecto de ley «Lo ajeno no se toca» busca combatir la impunidad
Para abordar esta problemática, se ha presentado el anteproyecto de ley «Lo ajeno no se toca». Esta propuesta legislativa incluye medidas como la creación del tipo penal «apoderamiento flagrante de la cosa ajena», que busca imponer sanciones más severas a quienes cometan delitos de robo y hurto. Además, se propone utilizar la mano de obra carcelaria para construir nuevas cárceles y descongestionar el sistema judicial.
Penalización más estricta para ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular
En relación a los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular que cometan delitos contra la propiedad privada, se propone una pena de ocho años de prisión. Esta medida tiene como objetivo endurecer las penas contra aquellos que atenten contra el patrimonio de las familias bolivianas.
Referencia a las reformas implementadas en El Salvador
El ministro Del Castillo ha denominado a esta ley como el «modelo Bukele», haciendo referencia a las reformas de leyes y códigos aplicados en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Estas reformas han tenido como objetivo mejorar el Código Penal y la política penal en ese país.
A diferencia de El Salvador, Bolivia se encuentra en el puesto 36º en la tasa de homicidios, con un 3,49%, según el Estudio Global sobre Homicidios de la ONU para América Latina y el Caribe.
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