La presidente de Perú, Dina Boluarte, ha afirmado que no tiene intenciones de renunciar a su cargo a pesar de la detención de su hermano Nicanor por un presunto caso de tráfico de influencias. Estas declaraciones fueron realizadas por el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, durante una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de Lima.
El Ministerio Público ha anunciado el inicio de diligencias contra Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por supuesto encubrimiento de Nicanor. Se les acusa de desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su pariente. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos contra la administración pública, incluyendo encubrimiento personal y abuso de autoridad.
A pesar de estas acusaciones, el vocero reiteró que la renuncia de la mandataria no es una posibilidad. Hinojosa también enfatizó que desde su posición no le corresponde referirse a aspectos técnicos jurídicos de la defensa legal de Boluarte o de cualquier otro ciudadano.
El vocero aseguró que el Gobierno garantiza la división de poderes, el imperio de la Constitución y las leyes, así como el ejercicio de la autonomía de las diferentes instituciones públicas. Además, afirmó que el Gobierno no pretende interferir en las funciones judiciales y del Ministerio Público, y que no existe ningún tipo de entorpecimiento a la labor judicial.
Reunión con el jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía
El vocero confirmó que la presidente se reunió con el jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), el coronel Franco Moreno, el martes en el Palacio de Gobierno de Lima. Sin embargo, aclaró que esta fue una visita pública en una institución del Estado durante horario hábil, y pidió que se evite cualquier suspicacia, ya que no se trató de una reunión clandestina.
En resumen, Boluarte no tiene planes de renunciar a pesar de la detención de su hermano por presunto tráfico de influencias. El Ministerio Público ha iniciado diligencias contra la mandataria y el ministro del Interior por supuesto encubrimiento. A pesar de estas acusaciones, el Gobierno asegura que no interferirá en las funciones judiciales y que garantiza la división de poderes y el imperio de la Constitución y las leyes.
Fuente: EFE
