El Presidente Luis Arce anunció la paralización del Decreto Supremo (DS) 5143 el jueves 9 de mayo, en respuesta a las crecientes protestas en el país. En su lugar, dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinar la legalidad de esta disposición.
Los miembros de su propia bancada presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta, pero el mandatario aseguró que la intención nunca fue expropiar la propiedad privada de la gente, sino impulsar un sistema más moderno para evitar irregularidades.
El Gobierno promulgó el DS 5143 el 10 de abril, con el objetivo de regular la documentación de propiedades en Derechos Reales. Sin embargo, casi un mes después, los sectores opositores iniciaron una serie de protestas exigiendo la abrogación del decreto. Los trabajadores gremiales también se unieron a las protestas y lograron que el Ejecutivo retrocediera en tres ocasiones.
La tarde del jueves, la bancada «arcista» presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto 5143 y solicitó la aplicación de medidas cautelares, lo que implicaría la paralización de su aplicación. Horas más tarde, el Presidente decidió paralizar el decreto.
El ministro de Justicia, Iván Lima, había asegurado el miércoles que el Gobierno no cedería ante las presiones, argumentando que el decreto reglamentaba una ley promulgada en 1887. Sin embargo, los abogados explicaron que la propia ley de 1887 de Derechos Reales no se ajusta a la actual Constitución y que la Ley del Órgano Judicial establece la necesidad de una ley especial en materia de Derechos Reales. Para el ministro de Justicia, un decreto era suficiente para llevar a cabo las reformas.
