La Cámara de Senadores ha presentado una acción de cumplimiento contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, exigiendo que convoque al pleno y trate los proyectos de ley 073 y 075. Esta medida fue anunciada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), William Tórrez.
Tórrez argumenta que Choquehuanca está violando el artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que cuando la cámara revisora, en este caso la de Diputados, deja pasar más de 30 días sin tratar un proyecto, este debe ser remitido automáticamente al pleno de la Asamblea.
Proyectos de ley sin tratar durante más de cuatro meses
Los proyectos de ley 073 y 075 han pasado más de cuatro meses sin ser tratados y Choquehuanca no ha convocado a una sesión para su discusión. Ante esta situación, Tórrez afirma que los parlamentarios se vieron en la obligación de recurrir a la justicia constitucional para hacer cumplir las obligaciones del presidente de la Asamblea.
Esperanza en la justicia constitucional
Tórrez espera que los jueces constitucionales corrijan la falta de acción por parte de Choquehuanca y ordenen, de acuerdo con la Constitución, que el presidente del Congreso convoque al pleno lo más pronto posible para tratar estos dos proyectos. En caso de no hacerlo, Tórrez señala que el vicepresidente del país estaría incumpliendo flagrantemente con sus deberes.
Posible juicio de responsabilidades
Si los jueces no ordenan la convocatoria al pleno de la Asamblea, se procederá con un juicio de responsabilidades en contra de Choquehuanca. Este proceso se llevaría a cabo debido a la importancia de los proyectos de ley, los cuales buscan poner fin a la prórroga de mandato de los magistrados del poder judicial.
Debate sobre la destitución de autoridades judiciales
Ante el fracaso de las elecciones judiciales y las decisiones polémicas tomadas por las autoridades en este tiempo, diversos sectores políticos han enfatizado la necesidad de destituir a estos magistrados de sus cargos. Los proyectos de ley 073 y 075 son una respuesta a esta demanda y buscan establecer un mecanismo para su remoción.
