Una sesión caótica y convulsionada se vivió ayer en la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO) luego de que se revelara una nota denunciando un presunto caso de extorsión por parte de un asesor de presidencia hacia un empresario. El presidente, José Luis Aranibar, se negó a leer la misiva, lo que generó reclamos por parte de varios asambleístas.
La nota, que no fue leída en el pleno de la asamblea, señalaba que un asesor de la ALDO, en nombre del presidente, solicitó 50.000 dólares al representante de la empresa Gold Metal para retirar una denuncia presentada ante la Fiscalía en marzo pasado por el titular del ente legislativo, José Luis Araníbar.
Denuncia contra la empresa Gold Metal
El 24 de enero de este año, la empresa Gold Metal, con un año de existencia y ubicada en la zona de tranca de Vichuloma, fue denunciada ante la ALDO por un supuesto miembro de la comunidad llamado Jhonny R.C. Los delitos que se le adjudicaban fueron «contaminación, comercialización ilegal de minerales y uso de sustancias controladas».
La denuncia fue aprobada por el presidente de la asamblea legislativa y formalizada ante la Fiscalía el 27 de marzo. Araníbar también recomendó tomar medidas para detener la contaminación y el comercio ilegal de minerales, así como implementar acciones correctivas para reparar los daños ambientales y aplicar sanciones a los responsables. Como consecuencia de esta situación, la empresa tuvo que suspender sus actividades durante aproximadamente 35 días.
Presunta extorsión y reunión con el asesor
El 1 de abril de este año, J.L.G., presunto asesor del presidente de la ALDO, se reunió con el gerente de la empresa, Franz N. O., según la denuncia presentada por este último. Durante la reunión, se habría negociado una solución al caso, solicitando dinero a cambio de retirar la denuncia.
Según la declaración informativa del empresario ante el Ministerio Público, el asesor le habría pedido de manera verbal y escrita $50.000 para solucionar el problema y desistir del caso. Además, le habría advertido que sufriría consecuencias si no accedía a sus demandas.
Actualmente, el caso se encuentra en investigación y no se ha presentado una imputación formal contra el empresario.
Reclamos en la sesión de la Asamblea Legislativa
Debido a la gravedad del caso, el pleno de la asamblea exigió la lectura de la denuncia durante la sesión de ayer y propuso un cuarto intermedio para analizar los hechos. Los legisladores acusaron al presidente de ocultar información crucial a las autoridades. A pesar de las solicitudes de los asambleístas y en contra del artículo 55, que establece la divulgación de documentos en sesiones si es sugerido por los legisladores, el presidente se negó a cumplir con la solicitud. Esto generó la desaprobación del directorio y la vicepresidente de la asamblea, quienes también criticaron la retención de documentos por parte del presidente y del acusado J.L.G.
Irregularidades en la denuncia
Además, el representante legal de la empresa señaló que los documentos presentados en la denuncia muestran el nombre de un individuo llamado J.R.C., quien aparentemente presentó la denuncia inicial. Sin embargo, el número de carnet no coincide con su nombre, lo que sugiere que podría tratarse de una persona ficticia. Además, se observó que tanto la firma del denunciante como la del presunto extorsionador son prácticamente idénticas en los documentos presentados a la fiscalía.
El informe indica que se desconoce la cantidad exacta de personas implicadas en las irregularidades y que el proceso aún no ha llegado a ninguna conclusión. El pleno de la Asamblea Legislativa continúa reclamando una investigación por parte de las autoridades pertinentes y los denunciantes aseguran que llevarán la denuncia contra el supuesto asesor J.L.G. hasta las últimas consecuencias.
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