Sebastián Godínez Rivera/Latinoamérica21
Latinoamérica vive una erosión democrática veloz. Muchos presidentes de la región han emprendido ataques contra instituciones que no se alinean a su órbita de poder y el poder judicial es una de ellas. Autores como Montesquieu o Madison dijeron que el objetivo de los tribunales constitucionales es resguardar la Constitución e impartir justicia. Otros como Alexander Bickel lo consideran el poder más débil, ya que no cuenta con el respaldo popular como el poder ejecutivo ni tampoco con el factor económico como el poder legislativo. Sin embargo, la realidad ha superado la teoría y ha demostrado que las y los jueces son garantes de los equilibrios políticos cuando son independientes, pero si son cooptados, entonces el autoritarismo avanza.
Los países que son autocracias, como Venezuela, tempranamente iniciaron la persecución de jueces. En 2009 la jueza María Lourdes Afiuni fue una de las primeras presas del régimen luego de que dictara una medida de libertad condicional para un banquero. Esto no gustó al presidente Hugo Chávez, que dijo: “La pena máxima a esta jueza, 30 años de prisión, pido yo en nombre de la dignidad del país».
Actualmente la justicia venezolana está alineada al chavismo, ya sea por la cohesión o por interés, y los jueces no garantizan la independencia judicial. Otro caso es Nicaragua: la nación gozaba de una incipiente democracia y fue durante su primer mandato cuando Daniel Ortega elevó el número de jueces para que en 2009 el pleno del máximo tribunal avalara su reelección indefinida.
Catorce años después, Ortega sigue en el poder y ha dado otro golpe a la justicia nicaragüense. El 6 de noviembre de 2023 la vicepresidenta, primera dama y coordinadora de Comunicación Social, Rosario Murillo, se autoproclamó presidenta del Poder Judicial. Con su llegada se ha iniciado una purga en este poder, que se ha traducido en 150 renuncias y el nombramiento de 10 nuevas magistraturas.
Como podemos ver, las autocracias moldean el régimen a su imagen y semejanza. En estos casos, el poder judicial queda supeditado al poder político. Estos son los casos más extremos, pero no los únicos, ya que al analizar democracias híbridas encontraremos otros.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a atacar a la Suprema Corte luego de que se eligiera a Norma Lucía Piña como su presidenta. La ministra se ha caracterizado por mantener una lejanía del poder y sobre todo por garantizar el equilibrio entre poderes. Esto ha desatado la molestia del ejecutivo, al punto de que ha declarado que para los comicios de 2024 quiere que Morena gane la mayoría en el congreso y con ello realizar una reforma para que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular.
Sus embates también se han materializado en descalificaciones desde la conferencia mañanera, en la reducción de presupuesto al poder judicial y en la aprobación de una iniciativa que desaparece 13 de 14 fideicomisos de este poder, de los cuales 6 afectan directamente a los trabajadores y no a los altos mandos como sostiene el ejecutivo.
En Centroamérica, tres países también han protagonizado ataques contra los jueces. En 2021 la Asamblea Nacional de El Salvador destituyó a 5 magistraturas de la Sala de lo Constitucional y nombró a nuevos perfiles cercanos a Nayib Bukele. El objetivo era que los jueces aprobaran la reelección presidencial, la cual está prohibida por la Carta Magna.
La Sala determinó que la reelección es un derecho humano y un mecanismo para premiar buenos gobiernos. La única restricción que se le impuso fue que debe separarse 6 meses antes de la presidencia para poder contender nuevamente. El próximo año Bukele estará en la campaña para buscar su reelección.
En febrero de 2023 la Asamblea Nacional de Honduras no reunía los votos necesarios para designar a 15 magistraturas de la Corte Suprema, un evento que despertó descalificaciones entre el oficialismo y la oposición. Luego de llegar a acuerdos, los jueces pudieron ser nombrados, pero esto no ha evitado que el oficialismo descalifique algunos perfiles.
Más al sur, en Argentina, el peronismo inició una serie de ataques contra 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente Alberto Fernández los acusó de ser parciales y servir a la oposición, luego de que a través de una sentencia se ordenara que se debía dar más presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo en la Cámara de Diputados inició un juicio político en contra de los jueces, el cual solo prosperó en comisiones, ya que no cuentan con la mayoría calificada para concretarlo.
Por último, Bolivia es el único país que elige mediante voto popular a las y los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. El método es cuestionado desde la política y la academia, ya que las personas juzgadoras cuentan con un respaldo de las urnas, pero esto no significa que garantizan la independencia judicial o juzgan con imparcialidad. Sobre todo en un país que ha sido gobernado desde 2006 por un solo partido.
Para diciembre de 2023 estaban previstas las elecciones judiciales. Sin embargo, las disputas entre el presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales y el partido Movimiento Al Socialismo produjeron que la convocatoria y registros no salieran a tiempo. Considero que hubiera sido un buen caso de estudio para dar seguimiento al proceso y analizar los perfiles que pudieran resultar electos y con ello sostener la parcialidad de los juzgadores.
La exposición de estos casos es una muestra de que el poder judicial se encuentra amenazado por el autoritarismo y el populismo de algunos líderes. No son hechos aislados, sino que responden a un fenómeno regional que debe ser analizado de forma conjunta. Para concluir este texto, quisiera invitar a la reflexión de las y los lectores a través de dos citas.
El juez de circuito Learned Hand dijo una vez: “En las sociedades en las que se pierde la moderación, ningún tribunal puede ser salvado; en cambio, en las que persiste la civilidad, ningún tribunal necesita ser salvado”.
La segunda pertenece a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Lucía Piña, que dijo: “Un tribunal es virtuoso en la medida en que ejerce su independencia cuando está amenazada. La misión de los tribunales constitucionales no es complacer mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución”.
Sebastián Godínez Rivera es Cientista Político. Graduado en la Universidad Nacional Autônoma de México (UNAM). Diplomado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién.
