Varias ciudades de la región Ayacucho, al sureste de Perú, se encuentran en paro este viernes para exigir al Gobierno justicia por la muerte de diez personas y las lesiones a 70 durante las protestas que tuvieron lugar hace un año contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) convocó a esta paralización en memoria de los fallecidos y para demandar la salida de todos los corruptos, así como por justicia, dignidad y democracia. También exigen la liberación de todas las personas detenidas en el marco de las luchas por la defensa de la democracia, según anunciaron en redes sociales.
Suspensión de clases escolares y cierre comercial
En respuesta a esta convocatoria, los colegios suspendieron las clases escolares y los mercados y comercios permanecieron cerrados durante las primeras horas del día.
Misa en memoria de los fallecidos
En la catedral de Huamanga se llevó a cabo una misa en memoria de los diez fallecidos el 15 de diciembre del 2022. Familiares de las víctimas y ciudadanos acudieron para expresar sus condolencias, según imágenes compartidas en redes sociales.
Evidencias sobre represión militar
Medios como el diario La República y el semanario Hildebrandt en sus trece publicaron testimonios e imágenes sobre la represión ejercida por el Ejército y la Policía Nacional cerca del aeropuerto de Ayacucho y del cementerio Huamanga hace exactamente un año.
Testimonio de Daisy González
Daisy González relató a La República que tuvo que refugiarse en una cuneta para protegerse de los disparos realizados por militares en los alrededores de la terminal. Además, presenció el momento en que John Mendoza, con quien estaba conversando, recibió un disparo por la espalda.
Evidencias cercanas al cementerio general
Por su parte, Hildebrandt mostró imágenes cercanas al cementerio general de Huamanga que según informan prueban que en esa fecha «el Ejército disparó contra civiles desarmados que ni siquiera participaban en las manifestaciones».
Investigaciones sin responsabilidades determinadas
Las investigaciones sobre un total de 49 muertes a nivel nacional durante enfrentamientos directos con las fuerzas del orden durante las protestas entre diciembre y febrero aún no han determinado las responsabilidades de los hechos, a pesar de las evidencias presentadas por medios de comunicación.
Denuncias contra autoridades gubernamentales
La presidenta Dina Boluarte, el titular del Consejo de Ministros Alberto Otárola y los entonces ministros del Interior han sido denunciados por la Fiscalía por presunto genocidio, aunque estas autoridades han negado su responsabilidad al afirmar que no hubo órdenes en ese sentido.
Fuente: EFE
